Clínicas enviaron carta a Martín Vizcarra para acusar a funcionarios del SIS

La directiva de la Asociación de Clínicas Particulares envió una carta al presidente Martín Vizcarra en la que responsabiliza a las autoridades del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Seguro Integral de Salud (SIS), por entorpecer las conversaciones para acordar que el gremio atienda a enfermos del nuevo coronavirus derivados de los centros de salud del sector público.

Los dirigentes del gremio de la ACP también advierten al jefe de Estado que habían avanzado en las negociaciones durante la anterior gestión como directora ejecutiva del SIS, Doris Lituma Aguirre, pero que desde la designación de Moisés Rosas Febres, el primero de junio, el intercambio se había entrampado.

La ACP propuso una tarifa plana de 90 mil soles por la atención de un paciente de Covid-19 por 21 meses, en tanto que la gestión de Rosas planteó 34 mil 960 soles. La ACP rechazó esta cifra, pero el titular del SIS emitió una directiva con la que estableció el monto que definieron los especialistas de la entidad.

La carta de la dirigencia de las clínicas particulares sostiene que existía una supuesta campaña y mediática y política contra el gremio de prestación de salud privada, por lo que advertía a Vizcarra “no dejarse sorprender”, conforme al documento al que tuvo acceso La República.

Sin embargo, Vizcarra, en lugar de tomar nota de lo mencionado por la ACP, entendió que se trataba de una forma de presión, por lo que respondió de una manera que los propietarios de las clínicas no esperaban.

Duros términos

En efecto, el 24 de junio, al día siguiente de la misiva de la ACP, fechada el 23 de junio, Vizcarra en conferencia de prensa cuestionó la conducta de las clínicas y dijo que si no llegaba a un acuerdo con las entidades del Estado, Ministerio de Salud, EsSalud y SIS, apelaría al artículo 70° de la Constitución. Dicho dispositivo contempla la alternativa del Estado de que en situaciones de excepción -como es el caso de la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus-, asuma el control de la propiedad privada.

“Consideramos conveniente alertarlo para (que) no sea sorprendido sobre una suerte de campaña mediática y política destinada a desprestigiar al sector privado, el mismo que desde un inicio ha expresado su intención de contribuir en la prestación de servicios de salud a los usuarios que lo requieran”, indica el gremio en la misiva.

Para las clínicas privadas son injustas las protestas de los ciudadanos que se quejan por los elevados costos de atención -que difunden ampliamente los medios de comunicación, cobertura que denominan “campaña mediática de desprestigio”-, cuando lo cierto es que el tratamiento de la enfermedad es lo que dispara los precios.

“Hemos estado haciendo conocer al SIS y EsSalud los altísimos costos referenciales que está generando esta enfermedad, calificada en muchos países del mundo como catastróficas y los costos importantes que general a la sociedad y que obligan sean asumidos por el Estado”, indican los miembros de la ACP.

Suscriben la carta el presidente, Alejandro Langberg La Rosa (centro médico privado Medavan), Miguel Ramírez Noeding (Clínica Santa Isabel), Rodrigo Langberg Bacigalupo (centro médico privado Medavan), Ricardo Fiorani Rondan (Clínica San Judas Tadeo), Sebastián Céspedes Espinosa (Clínica Ricardo Palma), Carlos Loo Luck (Clínica Stella Maris) y Rodrigo Escalante Narrea (Resocentro). Alejandro y Rodrigo Langberg son padre e hijo.

La cuestión de fondo de la comunicación escrita de las clínicas particulares dirigida a Vizcarra, fue atribuir a los funcionarios del SIS y de EsSalud la responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo. Y se hace referencia a una resolución del SIS que resuelve que se le pagaría 34.960 soles a las clínicas.

“Lamentablemente por razones que van desde las propias normativas estatales para contratar con el sector privado de salud, el cambio forzado e intempestivo del jefe del SIS (Moisés Rosas Febres por Doris Lituma Aguirre), con quien veníamos trabajando, conjuntamente con su equipo técnico, los aspectos tarifarios y contractuales del intercambio; la posterior modificación inconsulta y forzada de las tarifas referenciales y del contrato que se venía trabajando, fue puesta en evidencia con la promulgación de la Resolución jefatural N° 050-202/SIS, la que sin ningún tipo de acuerdo previo estableció unas tarifas y modelo de contrato que jamás fue compartido previamente con la Asociación de Clínicas Particulares, lo que nos generó extrañeza y preocupación”, señalaron.

Al gremio no le gustó para nada que la nueva gestión del SIS definiera como tarifa los 34.960 soles. Por eso se había entrampado la negociación. Para el Ejecutivo, sonó a un inaceptable grito de guerra.

Hasta aquí nomás

Para la ACP la sustitución del jefe representó la posibilidad de que se aprobase la tarifa de 9 mil soles, como queda en evidencia en el siguiente párrafo: “Preocupa que las instituciones no tengan continuidad en su gestión, entendemos y respetamos que por distintas razones se decida el cambio de un funcionario público, pero de allí a que el nuevo responsable conociendo las coordinaciones que se habían venido sosteniendo, en momentos especialmente difíciles para el país, promulgue una resolución de esta naturaleza es lo menos algo prepotente”.

Sin ofrecer ninguna evidencia de lo que afirmaban, las clínicas insinuaron a Vizcarra que había funcionarios que lo estaban sorprendiendo y ubicándolo en contra de los prestadores privados de salud.

“Reiteramos nuestra preocupación y lo alertamos para que no sea sorprendido por alguna información que haya podido ser deslizada por algunas autoridades públicas y por medios de prensa, que han generado una campaña de desinformación sobre la realidad de nuestra participación en la contención de la pandemia y los costos de la misma”, remataron.

El 24 de junio Vizcarra contestó dándole 48 horas a las clínicas para que resolviera el congelamiento de las negociaciones. Al borde de la medianoche, la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) se bajó de 90.000 a 55.000 soles la tarifa plana para atender a los enfermos derivados de los centros hospitalarios nacionales.

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