Lava Jato: José Miguel Castro se acogió a proceso de colaboración eficaz
El exfuncionario de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima renunció a la reserva de su identidad para colaborar con el Ministerio Público en los casos Odebrecht y Oas.
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El último lunes 1 de junio, José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante la gestión de Susana Villarán, decidió renunciar a la reserva de su identidad como testigo para acogerse a la colaboración eficaz dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público en los casos de Odebrecht y OAS.
En efecto, de acuerdo al documento de la Fiscalía al que tuvo acceso La República, Castro Gutiérrez habría dado información sobre el financiamiento de las campaña de la No Revocatoria así como las acciones en el intento de reeleción de la exalcaldesa Susana Villarán para la alcaldía de Lima el 2014, al fiscal provincial Carlos Puma Quispe.
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El documento remitido a Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, sostiene que tanto Gutiérrez como Villarán habrían solicitado a las empresas Odebrecht y OAS dinero para financiar la campaña política por la No Revocatoria y la reelección, con la finalidad de continuar al mando de la Municipalidad de Lima.
Asimismo, “a cambio de tal dinero, los investigados habrían beneficiado a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, las cuales tenían a cargo los proyecto Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla”.
Los protagonistas del acuerdo corrupto entre OAS y el municipio limeño: Leo Pinheiro, Valdemir Garreta, Damiao Moreno Tavares, Leonardo Fracassi y José Miguel Castro.
De igual manera, Castro reconoció ante el fiscal Puma que los 4 millones de dólares donados por OAS para la No Revocatoria eran provenientes de la Caja 2 de dicha empresa y recibidos por el mismo a través del codinome ‘Budian’.
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Por otro lado, tanto Susana Villarán como José Miguel Castro dispusieron de personal de la MML, así como personas de confianzas de los grupos Fuerza Social y Diálogo Vecinal, para hacer efectivas dichas” actividades ilícitas” con el objetivo de camuflar el dinero recibido por Odebrecht y OAS.
“También habrían dispuesto la creación de la cuenta ‘Amigos de Lima Metropolitana’, para que, a través de esta, se ingreso los dineros maculados de las empresas Odebrecht por US$3 millones y Oas por otros US$3 millones”, señala el documento.
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Del mismo modo, Castro reveló al fiscal Puma información sobre las asesorías brindadas por Westfield Capital, empresa del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, a Odebrecht, ratificando la versión de Jorge Barata, quien sostuvo que José Miguel Castro tramitó la entrega de aportes junto con el empresario Gerardo Sepúlveda.
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Según el informe, fue el excongresista y asesor de PPK, Gilbert Violeta, quien visitó a Castro en el 2013 para invitarlo a un desayuno con la finalidad de hacer una presentación sobre el proyecto Rutas de Lima por lo que Kuczynski “se mostró muy interesado” en la concesión y el financiamiento de la misma.
Cabe recordar que José Miguel Castro Gutiérrez viene cumpliendo una orden de arresto domiciliario de 12 meses, luego de que el Poder Judicial decidiera variar la medida restrictiva de prisión preventiva que pesaba en su contra tras presentar sintomas del nuevo coronavirus (COVID.19).
Por otra parte, este jueves 4 de junio, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, analizará el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el arresto domiciliario otorgado a José Miguel Castro.
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Según Pinheiro, OAS habría dado $7 millones a Castro a cambio de alza de peajes
El expresidente de OAS, Jose Pinheiro, declaró, en setiembre del 2019, que el exgerente edil José Miguel Castro pidió entre 6 a 7 millones de dólares a cambio de incrementar el precio de este derecho de tránsito por las vías concesionadas, ante la intención de la Municipalidad de Lima para suprimir los peajes de Línea Amarilla.
De acuerdo a la declaración al Equipo Especial Lava Jato, publicada por Cuarto Poder, el exejecutivo brasilero manifestó que el acuerdo se logró bajo trato directo, en el que se reconocía la reparación económica superior a los 142 millones de dólares, mediante el alza de peajes.
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