COVID-19: los excarcelados del caso Lava Jato durante la cuarentena
Keiko Fujimori, Susana Villarán, César Villanueva y otra serie de procesados consiguieron salir de prisión por órdenes del Poder Judicial.
61 días de aislamiento, 84 mil casos de COVID-19 en todo el Perú y 11 procesados del caso Lava Jato fuera de prisión. Estas son las cifras que han arrojado hasta el momento el escenario sanitario y judicial peruano desde que el virus de Wuhan halló su primer caso a inicios de marzo en nuestro país.
Por motivos estrictamente penales en algunos procesados hasta fundamentos por condiciones vulnerables de salud, varios de ellos obtuvieron su libertad por disposición del Poder Judicial.
Keiko Fujimori
El caso más emblemático de todo el país que dirige el fiscal José Domingo Pérez, sufrió un revés el último 30 de abril, cuando la Segunda Sala de Apelaciones dictó la excarcelación de Keiko Fujimori Higuchi.
Según el criterio de tres jueces superiores, que no negaron la existencia del peligro de obstaculización en la lideresa de Fuerza Popular, esto podía prevenirse con medidas menores como la comparecencia restringida.
Las limitaciones que tiene desde entonces Fujimori son el no comunicarse con testigos o coinvestigados del caso Cócteles, no cambiar su domicilio y acudir a un registro biométrico cada 30 días al juzgado, además de una caución de S/70 mil.
Este tribunal aludió también a que durante el desarrollo de la investigación preparatoria, la Fiscalía no pudo llevar a juicio oral a la investigada. No obstante, el fiscal Rafael Vela contestó entonces a La República que gozaban aún de tiempo suficiente para culminar esta etapa.
Posteriormente, el Equipo Especial Lava Jato presentó una primera casación ante la Corte Suprema de Justicia. Un recurso que busca anular la audiencia de apelación con la que Keiko Fujimori obtuvo su excarcelación.
La Sala dejó en último término, como fundamento para liberar a Keiko Fujimori, el coronavirus. La CIDH había dispuesto meses atrás que se valoren los problemas de hacinamiento en los penales antes de resolver prisiones preventivas: un problema de largo tiempo en el Perú.
El INPE estimó en abril que sus centros albergaban más de 90 mil internos, cuando tenía capacidad solo para 40 mil 600 a nivel nacional. Keiko Fujimori, como reveló también La República, tenía una celda personal desde octubre del 2018, cuando se le dictó prisión preventiva.
César Villanueva y Alberto Rossel
El excongresista y exjefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva Arévalo, fue el primer procesado por el caso Lava Jato, en el Perú, que salió de prisión durante la pandemia.
Debido a tener 73 años y padecer de enfermedades crónicas cardíacas, el Poder Judicial ordenó que el investigado cumpla arresto domiciliario por 18 meses. Este tribunal consideró también el hacinamiento en los penales.
Pasados unos días, Villanueva fue trasladado a su departamento ubicado en Magdalena del Mar. Las limitaciones contemplaron asimismo la prohibición de declarar a la prensa detalles de la investigación así como contactarse con testigos o coinvestigados.
Villanueva protagonizó uno de los episodios más visibles del caso Lava Jato, pues quiso obstaculizar la investigación en su contra por las coimas recibidas de Odebrecht durante su gestión como gobernador regional a cambio de la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en San Martín.
Jorge Barata, ademas reveló que Villanueva tenía el codinome o alias de “Currículim Vita” en los registros ilícitos de la “Caja 2”.
Alberto Rossel Alvarado también se vio beneficiado con el arresto domiciliario. El juez supremo Hugo Núñez Julca instancia dictó contra el exfiscal superior este beneficio porque tenía las condiciones de riesgo para contraer el virus.
Rossel habría utilizado las influencias en el Ministerio Público para obtener detalles de la investigación que dirige el fiscal Germán Juárez Atoche.
Alejandro Toledo
A fines de marzo, el expresidente Alejandro Toledo abandono el penal de Maguire, en Estados Unidos. Durante todo el 2019 y aún ahora, el exmandatario continúa librando una estrategia judicial para no ser extraditado al Perú.
El juez Thomas Hixson ordenó en aquella ocasion que Toledo cumpla arresto domiciliario en su casa de San Francisco, pague US$500 mil y se someta a un sistema de vigilancia por GPS.
Esta libertad bajo fianza se dictó debido a la probabilidad que tenía Toledo de contraer el COVID-19, pues padecía de hipertensión arterial ademas de tener 74 años. Así como en el caso de César Villanueva, el juzgado determinó que estaba en un grupo de riesgo.
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Susana Villarán
Susana Villarán de la Puente, exalcaldesa de Lima y procesada por haber recibido US$10 millones de las empresas Odebrecht y OAS, tuvo que esperar 13 días en el penal de Chorrillos antes de que se ejecute completamente el arresto domiciliario a su favor.
El 30 de abril, poco antes de que se conociera que Keiko Fujimori también abandonaría el mismo centro penitenciario, el Poder Judicial decidió en segunda instancia la liberaciĺn de Villarán. No obstante, luego de dos inspecciones a su domicilio en Lurín, la exfuncionaria pudo ser llevada a su casa el último miércoles 13 de mayo.
La Sala de Apelaciones Anticorrupción fundamentó su decisión en el lupus y la hipertensión que sufre la exalcaldesa de Lima. Para Villarán también se aplican las restricciones de comunicación y control.
Jaime Yoshiyama
El supuesto receptor de dinero ilegal de Odebrecht para la campaña de Keiko en 2011, Jaime Yoshiyama, también gozará del arresto domiciliario.
El juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido de su defensa en los últimos días, tras determinar que Yoshiyama tampoco estaba libre de contraer el virus en el penal Castro Castro.
Durante la semana anterior, el procesado por lavado de activos fue internado en una clínica, donde se conoció también que dio positivo al COVID-19. El Equipo Especial Lava Jato ha apelado la medida de arresto domiciliario y aún no hay fecha para esta audiencia.
Caso arbitrajes
Richard Martin Tirado, Weyden García Rojas y Luis Pardo Narváez, los abogados que habrían beneficiado a Odebrecht en distintos arbitrajes mediante su participación en controversias con el Estado, también cumplen arresto domiciliario.
El caso de Martín y García, ambos defendidos por el abogado César Nakazaki, obtuvieron en segunda instancia que la Sala de Apelaciones Anticorrupción les dictara restricciones en su contra y a cumplir en sus respectivas casas debido a sus condiciones de salud y al estado de sobrepoblación en los centros penitenciarios.
En cuanto al árbitro Luis Pardo, la jueza María Álvarez Camacho, quien aprobó el acuerdo de colaboración com Odebrecht, ordenó su excarcelación, precisando que todos los casos deben analizarse en particular para no aplicar automáticamente la sustitución de la prisión preventiva. Este incidente aún falta ser refrendado o revocado en segunda instancia por la Sala de Apelaciones Anticorrupción.
Víctor Suelpres y Jorge Peñaranda
El exgerente de Administración del Gobierno Regional del Callao, Víctor Suelpres Jerez, también es otro de los beneficiados con arresto en casa por 18 meses.
Según la hipótesis fiscal, Odebrecht pagó coimas por US$4 millones a los entonces funcionarios del Callao para obtener a cambio la adjudicación de la obra Costa Verde del Callao. Suelpres tuvo un papel clave como exbrazo derecho de Félix Moreno, exgobernador de dicha región y dos veces condenado por corrupción.
En el caso de Jorge Peñaranda Castañeda, investigado por supuestamente haber generado fondos ilícitos a Odebrecht, cumple desde esta semana tambien arresto domiciliario por 18 meses.
Acorde con la resolución, la jueza María Álvarez evaluó su mayoría de edad (77 años) así como la hipertensión arterial que padece el empresario y como otras “anomalías cardíacas” que lo convirtieron en una persona vulnerable a contraer la COVID-19.
Peñaranda, quien fue nombrado con el alias de “Don Quixote” en los registros de la “Caja 2”, tampoco podrá comunicarse con investigados o testigos del caso, salvo su esposa Judith Málaga y su hijo Jorge Peñaranda Málaga.
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Pedidos rechazados
Javier Lei Siucho, María Carmona Bernasconi y Luis Pebe Romero tuvieron un resultado adverso en el Poder Judicial cuando quisieron revertir sus respectivas prisiones preventivas.
Lei Siucho, procesado por el caso Club de la Construcción y gerente general de la empresa CyM, no pudo anular la orden de prisión preventiva en su contra porque, criterio de la Sala de Apelaciones Anticorrupción, esta se encuentra prófugo de la justicia y no en un penal.
Por lo tanto, no había elementos a valorar para que se revoque la orden de encarcelamiento.
María Carmona Berrnasconi, con el mismo tenor, se encuentra no habida pese a tener una orden de prisión preventiva por 36 meses.
La exsocia de Gonzalo Monteverde, también prófugo de la justicia por haber blanqueado supuestamente US$29 millones de Odebrecht entre 2007 y 2015, intentó sin éxito cambiar la medida que tiene vigente desde marzo de 2019.
Por último, Luis Pebe Romero tampoco pudo revertir su situación. El Poder Judicial solo se limitó a oficiar al INPE para mejorar la atención sanitaria en el penal donde cumple prisión preventiva el investigado por el caso arbitrajes.
A modo de apéndice, Pier Figari debió salir en libertad este jueves 14 de mayo. Sin embargo, el juez Víctor Zúñiga aprobó ampliar su encarcelamiento provisorio al por 12 meses más. Estará en investigación en el penal Miguel Castro Castro hasta mayo del 2021.
