Política

Ministro Martos: “Es totalmente contraproducente impulsar a los taxis colectivos”

Sin embargo, Pleno del Congreso discutirá este jueves el cuestionado proyecto de ley del fujimorismo que busca la formalización de los colectiveros.

Walter Martos
Walter Martos

En la pandemia de coronavirus, pretender impulsar a los taxis colectivos es “totalmente contraproducente”, consideró este jueves el ministro de Defensa, Walter Martos.

Durante la inspección de un operativo conjunto entre la PNP y las Fuerzas Armadas, el titular del sector Defensa cuestionó que se esté impulsando la formalización de estos transportistas.

“Lo que está en este momento, estratégicamente, orientando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es tratar de evitar los taxis colectiveros [...] los taxis colectiveros no llevan ni una o dos personas, llenan el carro con personas y eso ayuda a incrementar la tasa de contagios”, señaló el ministro Martos.

Las declaraciones del ministro se dan en el marco de la próxima discusión en el Pleno del Congreso de un proyecto de ley que busca, justamente, formalizar a los taxis colectivos.

La iniciativa fue presentada por Fuerza Popular en el anterior Congreso, y el dictamen quedó pendiente de segunda votación ante la representación nacional.

Por este motivo, la Mesa Directiva del Parlamento, dirigida por Manuel Merino, puso en la agenda del Pleno para este jueves 14 de mayo, el proyecto del fujimorismo.

Es preciso destacar que el proyecto tiene similitudes con una propuesta de campaña del congresista de Somos Perú Guillermo Aliaga, quien, a la fecha, es vicepresidente del Parlamento y miembro del a Mesa Directiva del Legislativo.

La propuesta fue abordada por la representación en la última sesión plenaria del Congreso; sin embargo, el debate entró en un cuarto intermedio a pedido de los congresistas por los Miguel Vivanco, Daniel Olivares y Daniel Urresti, quienes solicitaron que el proyecto volviera a la Comisión de Transportes.

De aprobarse, en todo caso, la autógrafa del proyecto sería remitida al Poder Ejecutivo para que, en un plazo de 15 días, el presidente de la República observe o, finalmente, promulgue la ley.