Los martillazos que ponen al Congreso en la mira
El Parlamento viene recibiendo críticas por sus dos últimas decisiones: modificar su reglamento interno sobre la presentación de la declaración jurada de intereses y la aprobación, vía insistencia, de una ley que elimina el cobro de peajes mientras dure la emergencia.
El Congreso ha aprobado dos recientes normas muy criticadas desde diferentes ámbitos: el de la transparencia y el económico.
El proyecto que propone modificar el Reglamento del Congreso sobre la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses (DJI), señala que le corresponderá al Consejo Directivo facilitar el cumplimiento de ese requisito.
Los funcionarios suben sus DJI a una plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por eso, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, advirtió que el Parlamento “está saliéndose de la regulación universal aprobada en diciembre del año pasado”.
Rotta explicó que la plataforma de la PCM tiene la ventaja importante de que es “amigable en su navegación” y permite la descarga sencilla de la información por parte de cualquier ciudadano. Añadió que ahora no está claro qué vía emplearán los congresistas para presentar sus DJI.
Se ha dicho que una opción sería a través de la Contraloría, aunque, según Rotta, la opción de la PCM es mucho más práctica, fuera del hecho de que los demás funcionarios ya la utilizan, sin problemas.
La segunda ley que genera fuertes resistencias es la aprobada por insistencia y que suspende el cobro de peajes mientras dure la emergencia. De los 79 peajes a nivel nacional, el gobierno ya suspendió el cobro en 56 que, o son manejados por el Estado o son cofinanciados con la empresa privada. Lo decidido por el Pleno solo afecta a 23 peajes privados, repartidos entre seis concesiones.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene una serie de cuestionamientos al respecto. Sostiene que estas concesionarias dejarán de ofrecer sus servicios de mantenimiento, limpieza y grúa, los cuales deberán ser asumidos por el Estado.
En RPP, la ministra, María Antonieta Alva, precisó que este monto ascendería a unos 700 millones de soles. Dijo: “Hay un cálculo que ha dicho el ministro de Transportes (Carlos Lozada): Más o menos 700 millones de soles es lo que costaría tener que dar estos servicios que ya no van a ser ofrecidos por estas empresas”.
Para hacerse una idea de lo que supone esa cifra de 700 millones, el MEF le hizo saber al Congreso -en el transcurso de la discusión sobre esta norma- que el presupuesto de la Universidad de San Marcos equivale a 500 millones, el del programa Cuna Más a 480 millones y el de Pensión 65 a 800 millones.
El segundo argumento fuerte del MEF es que se les está dando a estas concesionarias la opción de acudir al CIADI. No es solo que tengan esa posibilidad, sino que la eventual denuncia contra el Estado podría incluir la exigencia de que se les retribuya el 100% de las ganancias perdidas por causa de la emergencia. Tal como están definidos los contratos, el menor cobro de los peajes por el tránsito limitado de vehículos es asumido por dichas empresas. El gobierno ya anunció que alista una demanda constitucional, aunque no hay todavía una fecha de cuándo se presentaría.
Lo complicado: cinco votos
El Ejecutivo podría hacer llegar la demanda constitucional físicamente o de manera virtual, a través de un correo electrónico (trámites@tc.gob.pe).
El Tribunal Constitucional (TC) deberá correr traslado a la parte demandada, es decir el Congreso, que tendrá hasta 30 días hábiles para responder. Luego, se convocará a la vista de la causa para que ambos lados expongan sus argumentos, pudiendo hacerse una sesión virtual de ser necesario. Y como etapa final, el TC tendrá que definir un día para debatir y votar la demanda.
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Si se hace todo rápido, el proceso demoraría unos dos meses. Aunque lo realmente difícil para el Ejecutivo será conseguir los cinco votos (de siete) para que su demanda prospere. Es un escenario complicado, por cierto.
Ahora bien, ¿qué es lo que se puede decir del comportamiento del Parlamento? Para el politólogo, Fernando Tuesta, el hecho de que lleve poco tiempo funcionando y ya haya aprobado leyes controversiales, incluso por insistencia, demuestra que no será “un Congreso fácil para el gobierno, como muchas veces se pretendió decir”.
Y también va quedando en evidencia, añadió Tuesta, la ausencia de experiencia de los propios legisladores. “Hay medidas populistas, eso hay que decirlo, que están a su vez alimentadas por la falta de experiencia de la gran y aplastante mayoría. Es un Congreso en deuda. Salvo participaciones aisladas, en general vemos a bancadas o silenciosas o populistas. Este es el resultado de la oferta electoral”, comentó.
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