Defensoría exhorta al Congreso a reevaluar decisión sobre declaraciones juradas de intereses
El órgano dirigido por Walter Gutiérrez sostuvo que este acuerdo del Pleno del Parlamento “menoscaba la transparencia, valor esencial en la lucha contra la corrupción”.
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La Defensoría del Pueblo exhortó este sábado al Congreso de la República reevaluar su decisión sobre la presentación de las declaraciones juradas de intereses que fue aprobada el último jueves 7 de mayo.
Según el proyecto aprobado, que fue presentado por Acción Popular, se modifica el reglamento interno del Parlamento y se establece que las declaraciones juradas de los legisladores estén bajo el control del Consejo Directivo y ya no en la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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De acuerdo al pronunciamiento del órgano dirigido por Walter Gutiérrez, la utilidad de la declaración jurada de intereses se basa en demostrar la transparencia y evitar posibles escenarios de conflicto de intereses o incompatibilidades en la toma de decisiones.
“Esta herramienta contiene información sobre los vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales de los funcionarios con capacidad de decisión, y manejo de bienes y recursos públicos”, se lee en el documento.
Asimismo, este ente menciona que la plataforma de la PCM permite el acceso libre de la ciudadanía y no solo con el caso de los legisladores, sino con la información vinculada a los tres niveles de gobierno y los organismos autónomos.
“Por ello, llama la atención que el Congreso de la República, que es miembro titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, haya aprobado una modificación a su Reglamento para que sea su Consejo Directivo, el que disponga del cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses de los congresistas de la República, así como del personal del servicio y de la organización parlamentaria que esté en obligación de hacerlo”, agregó.
Finalmente, la Defensoría indicó que la decisión del Parlamento se aparta de los estándares recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
