Corte Superior de Justicia aprueba medidas de bioseguridad para reiniciar labores

La Corte Superior de Justicia de Lima aprobó el protocolo de bioseguridad para que los magistrados y el personal regresen a efectuar sus labores en el contexto del estado de emergencia por la propagación del coronavirus en el país.

En la resolución administrativa N° 000171-2020-P-CSJLI-PJ, publicada este jueves en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano se determina la adopción y ejecución de medidas y acciones necesarias para la “oportuna y adecuada implementación del protocolo” de la Gerencia de Administración Distrital, Unidades, Coordinaciones y administradores de la institución.

En ese sentido, también se dispone que se adopten medidas complementarias necesarias para el cumplimiento del protocolo y los lineamientos del Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias a través del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución.

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En el documento se precisa, de igual manera, la aprobación de los lineamientos generales para la gestión del trabajo remoto en la Corte Superior de Justicia de Lima bajo la resolución 172-2020-P-CSJLI-PJ.

Con esta se declara la prioridad de la implementación del trabajo remoto en todas las especialidades de la institución. "Todos los órganos de apoyo administrativo y los órganos jurisdiccionales dedicarán el esfuerzo y recursos necesarios y disponibles a fin de concretar, en el más breve plazo, la adaptación de la organización y funcionamiento institucionales, para la prestación del servicio de justicia bajo dicha nueva modalidad de trabajo”.

Asimismo, se indica que por medio de sus unidades orgánicas la Administración Distrital elabore y presente en siete días un plan y cronograma de digitalización y de implementación del trabajo remoto para las especialidades jurisdiccionales que conocen procesos en expedientes físicos.

A ello se agrega que la Unidad de Planeamiento y Desarrollo presente en el plazo máximo de siete días, lineamientos específicos para la operatividad del trabajo remoto en las diversas especialidades jurisdiccionales, para su elevación al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a los efectos de su aprobación.