Más de 1.100 funcionarios se han beneficiados con canastas
Denuncia. A pesar de que algunos de ellos ganan más de 8 mil soles mensuales, recibieron víveres y productos destinados a las familias vulnerables.
La grave situación por la que atraviesa el país debido a la pandemia COVID-19 parece no ser precisamente mala para todos. Según informó el contralor general de la República, Nelson Shack, unos 1.100 funcionarios y colaboradores públicos fueron beneficiados con canastas de víveres y productos de primera necesidad que estaban dirigidas a familias en condiciones vulnerables.
“A pesar de que algunos de estos funcionarios ganan más de 8 mil soles, han recibido sus canastas de víveres (...) Sin embargo, quiero hacerles notar que desde abril del año pasado, la Contraloría ya no tiene capacidad sancionadora alguna, por tanto todos estos casos de inconducta funcional y corrupción que se están encontrando van a tener que ser canalizados por otras instancias”, señaló Shack durante la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
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Asimismo, precisó que este hallazgo fue detectado gracias a la implementación de la plataforma ‘Transparencia en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19’, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.
Shack también presentó el Plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19 y las acciones que se vienen realizando. Indicó que en lo que va de la emergencia, se han emitido 800 informes de control por parte del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).
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Parte de esos informes corresponde al operativo de supervisión realizado al proceso de adquisición y distribución de canastas para familias vulnerables, ejecutado en 946 municipalidades, en donde se detectaron deficiencias en la distribución, almacenamiento y procesos de compra. Asimismo, anunció que la supervisión se realiza también en la Policía Nacional y en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y se extenderá a la gestión de residuos sólidos biocontaminados, los establecimientos penitenciarios y las ferias itinerantes para venta de productos agrícolas.
Contraloría en la mira
Por otro lado, desde el lunes último fue difundido un presunto contrato de la Contraloría para la adquisición de mascarillas, guantes de látex y alcohol en gel para su personal. Dicho contrato, firmado el 28 de abril con la empresa Mega Medical SAC, no tendría nada de extraño de no ser por el elevado costo de los productos: S/ 4.80 cada mascarilla, S/ 0.50 céntimos los guantes y S/ 65 el alcohol.
En un comunicado, la Contraloría confirmó la suscripción del mencionado contrato y admitió los precios, aunque aseguró que el proceso de compra se realizó dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, trató de excusarse aduciendo que por la coyuntura los precios del mercado son variables. “(Además)La adquisición es significativamente menor a la que realizan otras instituciones”, puntualizó.
Pidió eliminar la subcontratación en emergencia
Nelson Shack planteó al Congreso aprobar una iniciativa legislativa para eliminar la figura de subcontratación en situaciones de emergencia y así impedir que un proveedor que resultó ganador de un proceso subcontrate a otro que participó en el mismo proceso, evitando así la monopolización de los bienes y servicios. Shack también propuso prohibir la contratación de empresas que no tengan experiencia en el rubro solicitado.
