A 28 años del autogolpe que marcó la historia del Perú

La noche del 5 de abril de 1992, los peruanos fueron testigos, a través de sus televisores, de la que, posiblemente, es la transmisión más recordada de los últimos años en el país: Alberto Fujimori se dirigía a la nación y disolvía el Congreso de la República, instaurando un régimen caracterizado por la violación a los derechos humanos, la guerra sucia, el robo y la corrupción.

Argumentando un bloqueo del Legislativo a su Gobierno, Fujimori ignoró los mandatos de la Constitución Política de 1979 y dio paso a una de las épocas más nefastas de nuestra historia republicana, tomando por asalto los poderes del Estado, persiguiendo opositores y atentando contra la libertad de prensa.

Avalado siempre por su asesor y mano derecha, Vladimiro Montesinos, el exdictador también se hizo con el control del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional; desplazando tanques por la ciudad con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del comandante general en ese entonces, Nicolás Hermoza Ríos.

Partidos como el APRA y el PPC sufrieron la represión del poder. Sus líderes fueron arrestados u obligados a huir del país, como fue el caso de Alan García, quien tuvo que exiliarse en Colombia. Por otro lado, también pretendieron censurar a los medios de comunicación. Las oficinas de La República fueron intervenidas, el director de la revista Caretas, Enrique Zileri, quedó detenido, y Gustavo Gorriti fue secuestrado.

La acción del Gobierno provocó el obvio rechazo del Legislativo, cuyos miembros siguieron sesionando, en secreto, en el Colegio de Abogados de Lima. Su primera norma fue declarar la vacancia de Fujimori y nombrar como presidente constitucional a Máximo San Román, quien obtuvo la banda de manos de Fernando Belaúnde Terry. No obstante, San Román no contó con el apoyo popular ni el de las FF. AA. y finalmente, en 1993, una ley del Congreso Constituyente declaró a Fujimori como presidente.

Bajo la denominación de Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, Fujimori y Montesinos pretendieron ocultar los excesos cometidos por su mandato en la lucha contra el terrorismo, hasta ese momento, que el Poder Legislativo venía investigando antes del autogolpe, entre ellos, la responsabilidad del Gobierno en la masacre de Barrios Altos; y, por otra parte, el robo de donaciones que había denunciado la propia primera dama, Susana Higuchi.

Tras este suceso, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó al poder a convocar a elecciones, las cuales dieron lugar a las elecciones para elegir un nuevo Congreso, que se constituyó en 1993, con mayoría oficialista. Este nuevo Parlamento aprobaría una nueva constitución que permitió a Fujimori perpetuarse en el poder por siete años más.

Años después del autogolpe, y ya condenado a prisión, Alberto Fujimori demostró no estar arrepentido e, incluso, reivindicó sus acciones. En 2017, publicó este mensaje en Twitter: “Para hacer tortillas hay que romper huevos. Alguien tenía que hacerlo. Desde la cárcel les digo: Valió la pena!".