Rocío Barrios: “La premier Jara sabía del problema que teníamos con el reconocimiento de deuda”

La ministra Barrios señala que la denuncia fiscal por peculado no tiene sustento. Le extraña que se formalice poco después de haber iniciado una reestructuración de IMARPE y haber suspendido por 10 días la pesca de anchoveta.

La han denunciado por peculado al autorizar el pago por mantenimiento de vehículos. ¿No le pareció raro que no tuvieran orden de servicio?

Yo llego en noviembre del 2014 como directora general de Administración de la PCM. Encuentro 7 vehículos retenidos en los talleres, incluido el carro de la premier, y me dicen que están impagos. En una carta notarial de las empresas señalaron que se les adeudaba. La derivo al área respectiva para que haga un informe, y confirman que realizaron mantenimiento y reparación a los autos de la PCM desde julio, pero ninguno tenía orden de servicio, lo que es un acto irregular en el Estado. Sin embargo, el marco normativo permite corregirlo para que el Estado no abuse de su condición superior en detrimento de un tercero, en este caso, un proveedor. Ese mecanismo legal es el reconocimiento administrativo, autorizado por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que necesita los informes de las áreas usuarias que sustenten qué servicios y en qué fechas se prestaron.

¿Había documentación que sustente los informes de esas áreas?

En el informe que se me hace llegar hay un cuadro detallado de los servicios que se prestaron, el monto y la fecha en que se emitió el informe del Área de Transportes. Y en base a eso se recomienda a la administración que emita una resolución directoral en el marco de enriquecimiento sin causa, y así firmo el documento.

¿Pidió investigar a los responsables de esa irregularidad?

Una de las cosas que se señala es disponer en la misma resolución que se inicie el proceso disciplinario para determinar quiénes son los responsables, y eso se ha consignado.

¿Hubo otros servicios de la PCM que no tuvieron orden?

Encontré adeudos en telefonía, internet, talleres de vehículos, que, según los funcionarios que estaban allí, se dio porque no había presupuesto, lo que no es tan real, porque hay mecanismos para modificar la partida presupuestal para habilitar los pagos de las deudas.

Una cosa es el pago de las deudas y otra que no existan las órdenes de servicio…

Son dos cosas diferentes. ¿Hubo un acto irregular, no legal? Sí. ¿Se prestaron servicios al Estado sin órdenes de servicio? Sí, los meses previos a mi llegada.

¿Solo en el tema de vehículos?

No, si mal no recuerdo también en telefonía.

¿Les pagaron?

Sí, se les pagó. Hubo actos irregulares sin seguir las normas en la contratación del Estado. Eso no lo podemos negar.

¿Lo explicó a la Fiscalía?

Sí. La acusación fiscal me atribuye un delito de peculado, pero quien habla en ningún momento se ha apropiado de ningún caudal del Estado. Comprobarlo es bien fácil con la trazabilidad del dinero. El fiscal pudo pedir información a SUNAT, porque las empresas emiten factura y han tenido que pagar IGV, y por otro lado está el SIAF, donde se reporta a quién se giró, quién lo cobró, en qué cuenta está. En la acusación no se menciona ningún documento de ellos.

¿No conoce a nadie de las empresas que dieron el servicio?

No. Ni los conozco, ni sé dónde están sus talleres. Sería otra cosa si en la resolución fiscal hubiera alguna prueba objetiva de la apropiación del dinero o que tengo alguna relación directa o indirecta con algunas de esas empresas.

¿No hubiera sido mejor investigar antes de pagar?

Yo me baso en los informes de las áreas usuarias, y tengo la presunción de confianza para el servidor público, de la buena fe, porque los funcionarios que los firman asumen responsabilidad. La pregunta que me hago es ¿por qué no se investigó para atrás? ¿por qué no convocó a mi antecesora y se le preguntó por qué no hizo las órdenes? Entiendo que en el tiempo cambiaron de fiscales.

Pero todo está en el expediente…

Claro, bastaba con leer mi declaración, lo que se tenía que hacer es contrastar.

¿Por qué se inició esta investigación con usted si el problema es anterior?

Entiendo que, en este caso, el órgano de control de la PCM en el 2015 realiza una acción de control posterior, como corresponde, a las contrataciones, y allí sale la recomendación de que se inicie la investigación en la Procuraduría. Eso debe pasar por convocar a todos los funcionarios. No podría decir por qué no se hizo.

¿Informó a la premier de entonces sobre las irregularidades?

Por supuesto. La premier Jara sabía del problema que teníamos con el reconocimiento de deuda. La secretaria general era la señora Marcela Huaita. Obviamente, por la envergadura de la decisión yo la tenía que comunicar. Y me indicaron que proceda conforme a mis atribuciones.

¿Le parece extraño que la investigación de 4 años se acelere luego de que usted anunciara la reestructuración de Imarpe y la veda de la anchoveta?

No creo en la casualidad, menos en política. Me resulta sintomático que esto salga ahora. Saben que soy ministra del Estado y que esto es un tema mediático. Lo lógico es que sean muy prolijos al realizar una acusación de este tipo. ¿Por qué hacer un trabajo tan ligero en algo tan delicado? ¿Por qué sale semanas después que estoy “pisando callos” y limpiando el sector?

¿Es verdad que le advirtieron que habría represalias a sus decisiones?

Lo que me mencionaron en su momento, y no una sino muchas personas, es que tenga cuidado con quién me meto, no todos son buenos. No le tomé importancia, pero lo recordé el día que se aprobó el decreto de urgencia en Consejo de Ministros y salió el spot (sobre la pesca). Pero lo volvería a hacer.