Cuenta fatal

El Ministerio de Salud (MINSA) ha reportado la muerte de otro de los heridos en el incendio de Villa El Salvador con lo que la cifra de fallecidos alcanza a 22, esta vez una adolescente de 15 años que presentaba quemaduras en el 60% de su cuerpo.

Días antes, el Gobierno declaró el estado de emergencia en ese distrito limeño para fortalecer la atención a los afectados al mismo tiempo que encargó al ministro de Energía y Minas elaborar un informe de las deficiencias encontradas y la responsabilidad de los funcionarios públicos en esta tragedia.

Dos conclusiones preliminares se han hecho públicas. El informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reduce los hechos a la responsabilidad operativa de la empresa propietaria del vehículo siniestrado y el conductor y al mal estado de la vía, y no referidas a la supervisión.

Este organismo sostiene que el vehículo cumplía los requisitos para transportar material peligroso y estaba autorizado para ello. Esta es, obviamente, una conclusión legalista y formal. Una empresa que terceriza la autorización decidió a cuenta de Osinergmin que el vehículo se encontraba apto para el servicio, pero todo indica que eso no era cierto porque acreditó eso con una declaración jurada de la empresa interesada. Y nada más.

Osinergmin no asume su responsabilidad por la concesión automática de los permisos y se declara incompetente respecto a la supervisión de las operaciones de traslado del combustible, aunque su mismo informe y las normas que operan para este organismo desde el año 2017 lo desmienten.

Este punto lleva a otro, a la modificación del vehículo de la tragedia, que pasó de ser un furgón a un camión cisterna aumentando su longitud y altura, que el organismo regulador no reconoce y en el que también existe responsabilidad de los ministerios de la Producción y Transportes y Comunicaciones.

El informe de la Unidad de Investigación de Incendios de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP señala que el vehículo no reunía las condiciones mínimas de seguridad para transportar gas licuado de petróleo, devolviendo la tragedia a su verdadera dimensión, un problema de supervisión e incumplimiento de las normas regulatorias.

Este no es un asunto cualquiera, luego del incendio se han activado las alarmas y se han detectado clamorosos casos de falta de control de las actividades de almacenamiento, transporte y venta de combustible. Las investigaciones deben continuar y los funcionarios tienen que asumir su responsabilidad con entereza.