Abogado asegura que Olaechea cometió delito por plan de incentivos en Congreso disuelto
El Parlamento desembolsó cerca de S/ 20 millones para dar una bonificación a 52 de sus trabajadores próximos a cumplir 70 años, con el objetivo que se jubilen de manera anticipada.
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Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, habría incurrido en delito por implementar el programa de incentivos por retiro voluntario, asegura el abogado y analista político Víctor Hugo Quijada.
Con este programa, el Parlamento ya desembolsó cerca de S/ 20 millones para entregar las bonificaciones a 52 de sus trabajadores que tienen entre 60 y 69 años, con el objetivo que suscriban su jubilación anticipada de sus cargos.
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“El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, incurre en delito penal al haber dispuesto un irregular plan de incentivos de S/ 20 millones para renuncias de trabajadores del Congreso, ya que esa medida solo se puede efectuar por acuerdo de Mesa Directiva y cuando el Parlamento funciona normalmente”, sostuvo Quijada en entrevista con Radio Nacional.
Pago de incentivos en el Congreso
La República tuvo acceso a la relación de los 52 funcionarios que accedieron al programa en mención, el que fue acordado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que dirige Pedro Olaechea junto a Salvador Heresi, Karina Beteta y Marvin Palma.
Según América Noticias, a cada uno de los servidores que se acogieron a este programa se le otorgó un incentivo económico entre S/ 300 mil y el S/ 1 500. Al monto total, se les descontó el 30 % por concepto de Impuesto a la Renta. La bonificación correspondiente varía de acuerdo a su edad, categoría laboral y nivel salarial.
Plan de retiro voluntario del Congreso.
“Es un delito pues no se puede hacer un pago mediante una institución (el Congreso) que actualmente no existe. No hay un Oficial Mayor que rinda cuentas a un Pleno. Estamos claramente ante un ilícito penal, un cobro indebido, malversación de fondos. Es muy delicado”, agregó el también especialista en contrataciones del Estado.
El jurista explicó que el ilícito se debe a que el presupuesto que se está usando para ejecutar este plan no es de la Comisión Permanente sino del Congreso, una institución que están sin funcionamiento desde su disolución el pasado 30 de setiembre.
Abogado pide intervención el MEF
El especialista exhortó a que otras instituciones, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), intervengan para que no continúe la ejecución de este programa al que considera irregular.
“El Ministerio de Economía y Finanzas debería suspender cualquier transferencia o de gasto porque no son gastos de la Comisión Permanente, sino pagos de jubilaciones de una institución que no está en funciones. La Contraloría General, Servir y el MEF tienen que pedir explicaciones por esto; la propia Fiscalía podría iniciar una investigación preliminar”, refirió.
El Perú se encuentra en un periodo de interregno, tiempo en que el Congreso de la República no ejecuta funciones, por lo que el Poder Ejecutivo tiene poder para legislar con decretos de urgencia. Este domingo 26 de enero se elegirán a los nuevos integrantes de la institución legislativa.
