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Política

Rafael Vela: “Declaraciones de empresarios son valiosas porque confirman tesis fiscal”

Rafael Vela Barba. Fiscal superior. Coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Jefe del Equipo Especial afirma que las donaciones clandestinas de dinero a Keiko Fujimori confirman hipótesis central de la investigación por lavado.

–El reconocimiento por varios empresarios de haber contribuido a la campaña de Keiko Fujimori con montos que no fueron declarados ni bancarizados, ¿cómo contribuye a la investigación del caso?

– Las declaraciones de estas personas de muy alto perfil empresarial son la comprobación de las líneas de investigación del Ministerio Público referente a la recepción de enormes cantidades de dinero en efectivo de Keiko Fujimori y un entorno dentro de actividades propias de una presunta organización criminal. La recepción de dinero clandestino, dinero no bancarizado que ha eludido todos los controles del sistema antilavado, coincide plenamente con la versión del colaborador eficaz Jorge Barata, de haber entregado a Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere, con conocimiento pleno de la señora Fujimori, un millón de dólares proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo fondo ilícito manejaba la empresa brasileña Odebrecht. Además, sobre la entrega de 200 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori por intermedio de la Confiep está plenamente demostrado que dentro de la madurez de la investigación todas estas declaraciones han sido de mucha utilidad.

–¿Entonces se confirma la hipótesis central de la fiscalía?

– Absolutamente, porque implica la percepción, reitero, de sumas clandestinas de dinero en efectivo, que es la modalidad que dice haber empleado el colaborador Jorge Barata, modalidad además que viene siendo corroborada por todos los testigos. Ellos han manifestado que la señora Fujimori siempre tuvo una figura presencial respecto a la recepción del dinero y también conocimiento de todas estas cantidades. Sumas que necesariamente tuvieron que ser introducidas al procedimiento de rendición de cuentas ante la ONPE. Pero en lugar de eso, recurrieron al llamado “pitufeo”.

–Keiko Fujimori reconoció que en el caso del aporte de Credicorp había un pacto con el empresario Dionisio Romero Paoletti. ¿Esto implicaría que ella conoce de otros aportes?

Keiko Fujimori solo ha tenido una manifestación a través de sus redes sociales. El fiscal José Pérez correctamente ha programado su declaración para el día lunes 25 de noviembre, en donde se recogerá cuál es su testimonio en referencia a los acontecimientos procesales que son de su conocimiento. Y en todos ellos estuvieron sus abogados, específicamente Giulliana Loza. De tal manera que sus dichos en términos de lo que significa el derecho que le asiste serán recogidos durante dicha diligencia. Keiko Fujimori formalmente, dentro de la carpeta de investigación, no ha reconocido haber recibido ningún aporte en efectivo, aparte de las rendiciones de cuentas a la ONPE. Sin embargo, a nivel mediático se han difundido muchas expresiones, incluso las de su cónyuge (Mark Vito Villanella), en las que se admitiría la práctica ilegal del “pitufeo”, y que la percepción del dinero de forma clandestina se produjo.

–Con esta fórmula del ‘pacto de silencio’, ¿otros empresarios han hecho similares aportes?

– El abogado del empresario Dionisio Romero Paoletti, en una entrevista que es de público conocimiento ha manifestado claramente que no hubo ningún pacto de silencio. De hecho en la declaración de Romero Paoletti no consta ninguna declaración en la que se consigne ningún pacto de silencio previo. De tal manera que nosotros solamente podemos comentar lo que eventualmente se puede producir, una vez que Keiko Fujimori declare en el penal conforme lo ha dispuesto el fiscal José Domingo Pérez.

–La declaración de la excandidata presidencial es un reconocimiento de responsabilidad?

– Formalmente estamos a la espera de sus respuestas, de hecho mediáticamente puede haber varias interpretaciones respecto a lo que ella ha manifestado, sin duda su defensa legal a nivel mediático sigue negando que haya percibido la suma que es materia de imputación, pero nosotros más bien lo que interpretamos del avance de las investigaciones es que todas estas declaraciones están contribuyendo a la comprobación de los dichos del colaborador Jorge Barata. De hecho, creo ya no hay un punto de controversia respecto a las cantidades que se esfumaron en una especie de bolsa a través de la Confiep, porque todos los partícipes de esa reunión están manifestando justamente lo que dijo en su oportunidad Jorge Barata. Entonces la percepción del dinero en efectivo es también la misma modalidad que describió Barata en términos de diferencia lógica deductiva y de manejo de indicios, para nosotros estamos en la línea de comprobación de que esto era una modalidad, era una forma de operar, de captación de dinero de la presunta organización criminal.

–Hay quienes sostienen que en la época en que se hicieron estas contribuciones no declaradas no existió delito. ¿Es así?

– Los cargos están claramente determinados debido al agravamiento por pertenencia a una organización criminal por casos de lavado de activos, está claramente descrito dentro de las imputaciones que ha realizado el fiscal José Domingo Pérez. De tal manera que para nosotros los cargos están completamente establecidos respecto a la entrega de un millón de dólares producto del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, dinero claramente de procedencia ilícita que es ingresado no solamente a lo que podría ser el patrimonio del propio partido político instrumentalizado por esta organización criminal, sino también incluso en la posibilidad de que pueda haber quedado dentro del patrimonio personal de los investigados.

–¿Entregar dinero no declarado a una campaña presidencial no implica una intencionalidad delictuosa en el sentido de que se aporte ese dinero para obtener un beneficio?

– Claramente, dentro de los cargos descritos que están vinculados a la percepción de ese millón de dólares de procedencia ilícita por parte de Odebrecht, efectivamente caben muchas interpretaciones, algunas de ellas vinculadas al ejercicio de la política y al ejercicio que podría representar el futuro cargo de presidente constitucional de la República, con todos los gravísimos conflictos de intereses que podría haber y actos de corrupción que también puedan subyacer detrás de ellas. Sin embargo, específicamente con las declaraciones de los testigos no me corresponde hacer un juicio de valor porque eso es parte de las evaluaciones del fiscal José Domingo Pérez, y cualquier comentario podría interpretarse como una lesión a su autonomía fiscal correspondiente, y respetamos inescrupulosamente eso.

–El monto hasta ahora reconocido por estos empresarios alcanza casi lo que declaró formalmente el partido fujimorista ante la ONPE. ¿Esto explica por qué este partido organizó los llamados falsos aportantes?

– Dentro de los cargos imputados a Keiko Fujimori, está claramente determinado que ese millón dólares de procedencia ilícita no podía tampoco solventar todos los gastos de campaña, enque habría incurrido la organización política, porque se trata de una campaña multimillonaria. Lo que nosotros claramente estamos demostrando a través de la proactiva actividad de investigación es que ese millón de dólares fue recibido, fue percibido y fue introducido dentro del patrimonio personal o de los gastos propios del desarrollo de una campaña. Es decir que esos recursos ingresaron dentro del tráfico jurídico comercial, y de esa manera se materializaron una serie de conductas delictivas que además están asociadas también a una defraudación de la transparencia de la voluntad popular, porque también en las rendiciones de cuentas a la ONPE se han falseado informaciones relacionadas con las rendiciones de cuentas que puedan haber existido. Entonces en esa dimensión todas las linea de investigación están avanzando y progresivamente se está comprobando por parte de la actividad fiscal.

–¿Esto es un caso de lavado de activos? ¿ Por qué?

– Es un caso de lavado de activos agravado, también por pertenencia a una organización criminal. Es decir hay un ingreso de dinero de naturaleza ilícita de lo que es parte previa del blanqueo de capitales y luego, reitero, ingresa a través de una serie de prácticas clandestinas o ocultas dentro de la economía, no solamente lo que podría haber sido del partido político sino también del propio patrimonio personal de los investigados.

–¿Cuál cree que ha sido el objetivo de estas personas de hacer contribuciones en efectivo y no bancarizadas?

– En las investigaciones que nosotros realizamos por financiamiento ilegal, por campañas políticas, a través de prácticas de lavado, evidentemente hay cuestiones transversales a la política y a lo que es instrumentalización de una agrupación política, también para fines presumiblemente ilícitos, pero también hay una búsqueda de ventajas de quienes finalmente aportan estas sumas de dinero. Sucedió en el caso de la empresa Odebrecht, donde claramente ha declarado que a través de sus exejecutivos, colaboradores eficaces ahora, su propósito era tener no solamente un grado de influencia superlativa, sino también que en el caso que alguno de ellos no ganara las elecciones eventualmente podría existir una influencia dentro de las actividades del Congreso de la República. Para nosotros enfocados en lo que son los cargos propiamente dichos, Odebrecht claramente determinó estos móviles.

“Se ha activado la posibilidad de que el TC incorpore la declaración de Jorge Yoshiyama”

–Hay quienes sostienen que estas declaraciones de empresarios favorecen a Keiko Fujimori...

–Hay conclusiones desvinculadas de lo procesal. En principio porque formalmente Keiko Fujimori cada vez que ha declarado ha negado haber recibido cualquier tipo de apoyo o aporte que no ha sido bancarizado o que no fuera correspondiente a la rendiciones de cuentas formales que ha hecho a la ONPE. En el caso de Jaime Yoshiyama ha guardado silencio. De tal manera que las expresiones mediáticas deben tener un correlato, siempre dentro de la carpeta de investigación, por esa razón se le ha citado a Keiko Fujimori para que pueda expresar su declaración, su dicho, conforme la ley procesal lo determine.

–¿El Tribunal Constitucional debería tomar en cuenta estas manifestaciones?

–Dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional ya se ha activado la posibilidad de incorporar la declaración de Jorge Yoshiyama Sasaki, en la que se describe claramente actos de obstrucción, además del conocimiento de la percepción de todos estos fondos clandestinos de la empresa Odebrecht, por parte de la investigada Keiko Fujimori. En esa dimensión, nosotros lo que estimamos es que si han solicitado inclusión de esa declaración es porque la deben valorar y debe ser valorada, además, en el contexto, lo que ya fue objeto de análisis y de comprobación de reexamen de parte de tres instancias del Poder Judicial. Esta decisión respecto a la señora Keiko Fujimori ha sido confirmada por las tres instancias del Poder Judicial. Es decir hasta por la Corte Suprema en donde han intervenido no hace mucho en setiembre seis jueces supremos que discutieron solamente el plazo de la medida. Mas no la necesidad, considerando que todos los elementos de la perturbación probatoria y de la conducta obstruccionista están claramente demostrados.

–¿Qué se espera con las declaraciones de los empresarios de la Confiep?

–Son valiosas, porque en principio se está demostrando que el colaborador eficaz Jorge Barata ha declarado con precisión, en principio al respecto de la comprobación de la línea de investigación referente al financiamiento, también de una campaña que favoreció a Keiko Fujimori por parte de la Confiep y de las condiciones, dentro de las cuales su presunta organización criminal pudo haber percibido todos estos dos grandes ingresos de manera clandestina, en efectivo y fuera del sistema de bancarización y del sistema de prevención antilavado. Así, estas declaraciones terminan siendo productivas porque reafirman la tesis de investigación del Ministerio Público, pues comprueba lo que el colaborador dijo en su oportunidad, y obedece estrictamente, lo que puede ser una verdad jurídica de corroboración.

Cursó estudios en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajó en los diarios La Voz, El Nacional y El Popular. Integrante de la Unidad de Investigación del diario La República. Es una de las ganadoras del “Gran Premio Nacional de Periodismo” 2014, organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad y la Pontificia Universidad Católica del Perú.