A propósito de notables

Uno de los argumentos contrarios al adelanto electoral reza que no es necesario porque el Congreso aprobó la reforma política, es decir, los proyectos priorizados por el Gobierno con ocasión de la cuestión de confianza anterior, y que el actual Parlamento podría hacer aún más cambios. Así, de modo oblicuo, se reconoce la necesidad de la reforma, a contrapelo de la oposición mayoritaria inicial del Congreso a los cambios.

Sería coherente que este argumento venga acompañado de un reconocimiento formal a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, hostigados incesantemente por la mayoría parlamentaria. Tachados de “notables”, su especialización en la materia devenía casi en un delito, y en ellos se pretendía castigar la demanda de renovación que el sistema político reclama en voz alta y atajar a la crítica ciudadana a la falta de eficacia de las instituciones.

El desempeño de este grupo fue meritorio en la producción y el debate de los cambios en medio del ataque el mensajero y no al mensaje; y a pesar de que estamos en los inicios de la tarea, este paquete tuvo mejor suerte que los proyectos de reforma constitucional aprobados por el referéndum de diciembre pasado, probablemente porque en ese caso la implementación se complejizó y luce incompleto porque no fue aprobada la bicameralidad por un error compartido entre el Gobierno y el Congreso.

De los seis proyectos priorizados en la reforma política, los cuatro que se han convertido en ley renuevan y modernizan la legalización de partidos, poniendo fin a una parte del sistema político cerrado, cupular y plutocrático, aunque este último objetivo no se conseguirá totalmente mientras no se suprima el voto preferencial. En términos de derechos, sin embargo, las elecciones internas y las listas paritarias y alternadas, aún en proceso, son logros que enriquecerán el quehacer político de las nuevas generaciones.

Con o sin elecciones adelantadas, el curso de la reforma no debe detenerse. Quedan las otras dos reformas constitucionales que deben ser votadas por segunda vez y abordar los otros proyectos que no fueron priorizados, pero de crucial incidencia en el cambio político, como la regulación más equilibrada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para mejorar las prácticas de control mutuo, como la cuestión de confianza, la insistencia y el papel de las minorías en el Legislativo; la ampliación del mandato local y regional a 5 años; la elección parlamentaria en la segunda vuelta, entre otros.

El adelanto electoral, cuyo desenlace se posterga y se desenvuelve en cámara lenta, sigue siendo una oportunidad para redefinir actores para el cambio. La pugna alrededor del calendario electoral –si las elecciones son el 2020 o 2021- probablemente impida profundizar sobre la brecha entra la política y la sociedad que esta reforma está llamada a resolver, aunque mientras más demore el sistema en recuperar su legitimidad ante los ciudadanos, será más difícil curar las heridas causadas por la antipolítica y la contrapolítica. No basta que el liderazgo del país no quiera una asamblea constituyente; si desea impedirla, más allá del discurso temeroso deberían producir las reformas necesarias.

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