El Informante: La dueña del candado, por Ricardo Uceda
Tensión por S/ 524 millones. El Ministerio Público y Odebrecht miran hacia la jueza María de los Ángeles Álvarez. Barata canta de nuevo. Fiscales provincianos y fiscales VIP. ¿Cuánto puede realmente pagar la empresa?
Por: Ricardo Uceda
Hoy y mañana el ex delegado de Odebrecht en el Perú Jorge Barata declarará nuevamente en Brasil ante fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Casi en simultáneo, en el Perú se verá el control de acusación contra dos personas que habrían concertado para que Odebrecht ganara la licitación del Gasoducto del Sur en 2014. Son María Hokama, ex ejecutiva de la constructora, y Edgar Ramírez, ex funcionario de ProInversión. A este respecto, una sala civil, cuya sentencia está siendo demandada ante el Tribunal Constitucional, acaba de opinar que este concurso fue idóneo. Odebrecht, según adelantó el fiscal Rafael Vela, ha aceptado culpabilidad, aunque se desconoce si Barata admitirá pagos ilícitos a funcionarios públicos.
Todo esto ocurre mientras se impugna el pago a la empresa de S/ 524 millones producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Cobraría de un fideicomiso creado por el acuerdo de colaboración eficaz que firmó con el Equipo Especial. Cualquier desembolso debe ser autorizado por el Ministerio de Justicia siempre y cuando no exista otra investigación abierta. Lo ordena la sentencia que homologó el convenio, suscrito por la jueza María de los Ángeles Álvarez. La disposición parece haber tomado de sorpresa a ambas partes –que pactaron flujos de pagos a la compañía en tanto esta hacía revelaciones–, pero ninguna la objetó, quedando inapelable y consentida.
Trabajos paralelos
La razón invocada por la jueza Álvarez es la necesidad de preservar reparaciones al Estado en casos ajenos al acuerdo. La sentencia incluye cuatro (Costa Verde en el Callao, Avenida Evitamiento en Cusco, Tramos 2 y 3 de la Interoceánica, Línea 1 del Tren Eléctrico). Dos más fueron incluidos ante la evidencia de nuevas revelaciones (el gasoducto y una carretera en San Martín). El caso del gasoducto fue ingresado al acuerdo el 12 de julio, en la víspera de que la red del ICIJ publicara evidencias desconocidas por el Ministerio Público hasta días antes. Algo casi milagroso. Es relevante la demostración de que lo que se sabe provino de la colaboración eficaz. Odebrecht perdería beneficios si no es así.
En la medida que el Equipo Especial pacta obligaciones de reparación civil solo para las obras en las que Odebrecht admitió culpabilidad, tiene sentido que la jueza se preguntara cuánto tendría que resarcir al Estado por otros casos en los que hay imputaciones pero no confesión. Según la sentencia, la fiscalía aseguró que en el acuerdo estaba todo, que ni siquiera había sospecha de algo más. Algo dicho cuando aún no se sabía lo del gasoducto y lo de San Martín.
Sentencia clara
El viernes 2, el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, declaró en Gestión que en las regiones hay 12 investigaciones penales que involucran a Odebrecht y no forman parte del acuerdo. Dijo desconocer por qué el Equipo Especial no las consideró. Es procedente, opinó, que cada fiscal de las regiones vaya a Brasil y busque sus propios acuerdos, aunque admitió que el trabajo paralelo duplica esfuerzos. Estas declaraciones traducen cierta incomodidad en fiscales que no son los VIP.
Parece razonable, entonces, que la jueza Álvarez proteja no solo los cuatro proyectos que le fueron sometidos. La estrategia del Equipo Especial privilegió algunos casos sobre otros, pero, como se ha visto, sobre la marcha tuvo que meter a la bolsa dos obras más. El camino para seguir haciéndolo es complicado. Cada nuevo proceso amplía la reparación y ha trascendido que la empresa no quiere pagar más ni aceptar nuevos delitos.
Un termómetro serán las declaraciones de Barata en las próximas horas. Diga lo que diga, sin embargo, la sentencia sigue diciendo que no debe haber investigaciones por fuera del acuerdo para que Odebrecht pueda recibir los S/ 524 millones.
Distintas opiniones
En la disyuntiva, el fiscal Rafael Vela ha suscrito un informe que, de ser aceptado por el MINJUS, le permitiría a la empresa hacer el cobro. Cerrando los ojos y tapándose los oídos, ha dicho por escrito que no existen otros procesos investigativos.
En su informe el fiscal Vela solo considera a las investigaciones preparatorias, es decir, a las que se hallan en una etapa de mayor sustentación y desarrollo. Deja por fuera a las preliminares, que son la mayoría. Está claro que el documento es una interpretación restrictiva de la sentencia judicial, y, en consecuencia, la incumple. El fiscal ha declarado que con ello da cumplimiento al acuerdo suscrito con Odebrecht. Pero la sentencia aprobó el acuerdo en su totalidad, solo que estableciendo condiciones para los pagos.
La Procuraduría Ad Hoc, dirigida por Jorge Ramírez, considera que deben reportarse todas las investigaciones: las preparatorias y las preliminares. Hoy enviará una relación actualizada al MINJUS. El ministerio derivará el informe al Ministerio Público.
Mirando a la jueza
La fiscalía y Odebrecht no tendrán otra salida que preguntarle a la jueza si se refería a todas las investigaciones o a una parte de ellas. Será interesante conocer la argumentación del Ministerio Público para solicitar que se ignore a la mayoría. ¿Cuántos de los casos marginales tienen base y pueden llegar a consolidarse? No se sabe. Por consiguiente, no hay una estimación del monto de lo defraudado por Odebrecht. Tampoco un peritaje sobre su capacidad para pagar una reparación civil más amplia de la pactada. Estas informaciones son indispensables para apoyar una flexibilización. De momento el presidente Martín Vizcarra les ha dado la espalda a los fiscales, pronunciándose porque no se pague a Odebrecht. Él, que solo gobierna escuchando al pueblo, es capaz de pedir prisión preventiva para Ricardo Gareca si la tribuna se lo pudiera.
