Contraloría: Odebrecht fue favorecida con el Gasoducto del Sur

Por: Lupe Muñoz

El Comité de Proinversión a cargo de la adjudicación del multimillonario proyecto de gas en el sur del país, durante el gobierno de Ollanta Humala, no debió acceder al pedido del Consorcio Sur Peruano, compuesto por Odebrecht y Enagás, para descalificar a su competidor denominado Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (SSTT), integrado por las compañías GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.

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De acuerdo con una auditoría que practicó la Contraloría al proceso de concesión, que la entidad ha remitido al Equipo Especial Lava Jato que investiga el caso, el Comité de Proinversión accedió a la solicitud de Odebrecht y falló favorablemente vulnerando una serie de normas con el presunto propósito de direccionar la concesión en beneficio de la constructora brasileña que en ese momento gozaba de influencia en el Ejecutivo.

Desde que estalló el caso Lava Jato, Odebrecht admitió el pago de sobornos en diferentes obras públicas, pero señaló que, en el caso del proyecto de gas en el sur del país, no había desembolsado pagos ilícitos.

En efecto, incluso en el acuerdo de colaboración judicial entre Odebrecht y el Estado peruano, no estaba incluido el megaproyecto de distribución de gas. Hasta que el 25 de junio, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en alianza con los medios digitales peruanos Convoca e IDL-Reporteros, publicó que una plataforma ecuatoriana, La Posta, había recibido la filtración de presuntos pagos ilegales de Odebrecht relacionados al gasoducto y que no habían sido informados a las autoridades.

El propio coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, finalmente, informó el 9 de julio que la compañía había abonado pagos ilícitos relacionados con la concesión del Gasoducto del Sur. “Hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad sobre lo que se está investigando en el caso específico del Gasoducto del Sur”, señaló a la prensa.

Lo que indica que luego de la revelación de los desembolsos no informados por Odebrecht, y la admisión de la constructora de que efectivamente existieron, el Equipo Especial procedió a una serie de intervenciones de estudios de abogados vinculados con la concesión del multimillonario proyecto. Precisamente, el informe de la Contraloría sobre el proceso de adjudicación coincide en que el Comité de Proinversión no actuó conforme a ley.

Evidente cálculo

El oficio que el consorcio conformado por Odebrecht y Enagás envió al Comité de Proinversión demandaba la inmediata descalificación de su contendor, el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (SSTT), porque este supuestamente había vulnerado reglas básicas del proceso.

Se refería a la carta que el 26 de junio del 2014, cuatro días antes de conocerse al ganador del proyecto, el Consorcio SSTT remitió al Comité de Proinversión para informar que haría un cambio en el porcentaje de su accionariado. El consorcio indicaba que el 25% que inicialmente le correspondía a la empresa GDF Suez, a partir de esa fecha se reducía al 2%, redistribuyendo la diferencia entre los otros tres integrantes: Sempra, Techint y TGI.

El Comité de Proinversión, que estaba bajo la presidencia de Edgard Ramírez Cadenillas y completado por Gustavo Navarro Valdivia y María Patiño Marca, acordó otorgarle al consorcio un plazo hasta las 9 y 30 de la mañana del lunes 30 de junio para formalizar la modificación del accionariado. “En caso que no se cumpla con lo requerido en el plazo y hora señalada, quedará (el consorcio) descalificado del concurso”, comunicó el Comité de Proinversión. Pero no fue así.

Jugada peligrosa

Antes de resolver el requerimiento, el Comité de Proinversión contrató los servicios de consulta legal de los estudios Echecopar y Delmar Ugarte. Los abogados de ambos despachos recomendaron la descalificación del Consorcio SSTT, como lo pedía el grupo compuesto por Odebrecht y Enagás. El Equipo Especial sospecha que la constructora pudo haber efectuado pagos ilícitos para conseguir dichos informes legales, por lo que fueron intervenidos por los fiscales. Mediante sendos comunicados, ambos bufetes negaron haber actuado al margen de la ley y se pusieron a disposición de las autoridades.

El 30 de junio de 2014, el día del anuncio de la adjudicación, en plena ceremonia en la que participó el ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, se anunció como ganador al consorcio de Odebrecht y Enagás. En ese momento se informó que el Comité de Proinversión descalificó al consorcio Gasoducto Peruano del Sur (SSTT) por transgredir las bases del concurso, tal como lo indicaron los estudios Echecopar y Delmar Ugarte y tal como había exigido Odebrecht.

Sin embargo, según la Contraloría, el Comité de Proinversión no había cumplido con el plazo que había ofrecido a SSTT para regularizar notarialmente la reconformación de los accionistas. Parecía todo organizado para darle gusto a Odebrecht.

En la ceremonia, junto con Luiz Lindgren Costa, el funcionario de Odebrecht que demandó la descalificación de SSTT, también estuvo presente el entonces superintendente de la constructora brasileña Jorge Barata. En su momento, Barata no mencionó pagos ilegales para obtener el gasoducto.

Hallazgos contundentes

El informe de la Contraloría, que se encuentra publicado en su página web, se completó el 29 de diciembre del 2015, es decir, cuando Ollanta Humala todavía gobernaba, pero no pasó nada. Ahora, por su relevancia, el Equipo Especial Lava Jato lo ha solicitado porque contiene indicios de la comisión de delitos en el otorgamiento de la adjudicación.

La Contraloría detectó que el Comité de Proinversión descalificó al Consorcio SSTT, no obstante que las bases del proceso no preveían la denominada transgresión insubsanable. Es decir, el Consorcio SSTT, al informar modificaciones de su accionariado, debió recibir la oportunidad de presentar rectificaciones y el comité recibirlas, evaluarlas y pronunciarse. Pero, como se ha indicado, el Comité de Proinversión dio como ganador al consorcio de Odebrecht y Enagás antes de que el Consorcio SSTT presentara los papeles.

En su presentación ante el Congreso, el expresidente del Comité de Proinversión Edgar Ramírez aseguró que no detectó actos de corrupción en la adjudicación del Gasoducto a favor de Odebrecht.

A sola firma

Odebrecht exigió descalificar a su competidor SSTT, el Comité de Proinversión accedió de inmediato, vulnerando las normas, y le entregó el proyecto del Gasoducto Sur.