Tía María: “El presidente Vizcarra nos hizo el juego de un típico político”
Jaime de la Cruz, exdirigente del valle de Tambo, dice que nunca se escuchó al pueblo y que querían conversar a profundidad con el Gobierno, para hacerle ver muchas cosas.
Fiorella Montaño
Arequipa. En 2015, Jaime de la Cruz fue alcalde del distrito de Deán Valdivia y también uno de los mayores opositores al proyecto Tía María. Lo vacaron del cargo y ahora afronta reglas de conducta por un proceso judicial surgido en la protesta. No puede estar en manifestaciones, pero se mantiene al tanto de lo que ocurre en el valle de Tambo.
¿Piensan que aún se puede hacer algo tras la entrega de la licencia de construcción?
El Gobierno todavía podría hacer muchas cosas, porque en el EIA que presentó la minera hay falencias que originarían que se anule la concesión. Sin embargo, el Gobierno tiene la voluntad de apoyar a la empresa minera por intereses. El presidente Vizcarra nos hizo el juego de un típico político, de prometer y luego no cumplir. Dijo que iba a venir a dialogar, resulta que no cumplió. La población ha reaccionado, porque todos tienen derecho de defender lo suyo.
Dicen que hay temas del EIA que faltan resolver, pero el Minem le dio luz verde el 2014...
La Unops dijo que las 138 observaciones eran insalvables. No hay forma de levantarlas.
Pero ese es el primer EIA, luego se presenta otro que sí aprueban
En este nuevo estudio, por ejemplo, dicen que no van a usar agua del río, pero, en otra parte, dicen que no se descarta la posibilidad de usar agua de río.
¿Cómo se siente respecto a la promesa del Gobierno de venir al valle y que luego no se cumpliera?
Es decepcionante saber que las autoridades no dicen lo que hacen. La situación de la corrupción en el país nos hace pensar que puede haber algo detrás para favorecer a la empresa minera.
¿Desde el 2015, Southern hizo un trabajo en la zona para conseguir la licencia social mediante el programa Valle Unido?
Nada, porque solo benefició a la gente que siempre estuvo a favor de ellos. Han regalado tanques de agua, hicieron campañas de desparasitación para perritos y cosas que no significan nada.
¿Para qué hubiera sido necesaria la presencia del Gobierno?
Para hacerle saber por qué nos oponemos al proyecto minero, que conozca cómo está nuestra agricultura en el valle de Tambo. Nosotros defendemos porque solo vivimos de la agricultura. Que el Gobierno vea cuánto vale de verdad el valle de Tambo.
Se señala que no es posible tener un diálogo con ustedes, su posición siempre ha sido que se vaya la mina y no hay espacio para el diálogo...
Queríamos conversar a profundidad con el Gobierno, para hacerle ver muchas cosas. Hubiéramos tomado una determinación. Nunca se escuchó al pueblo. La minera tampoco hizo que participe la población.
El 2015, por ejemplo, se iban a instalar mesas de diálogo, pero dirigentes de Tambo se retiraron...
Cuando nosotros nos estábamos sentando, ellos nos decían que teníamos que aceptar la mina, para que nos den obras. Era un chantaje.
¿A qué diálogo se puede llegar, cuando hay dos posiciones encontradas y nadie está dispuesto a ceder?
El Gobierno no ha conversado con nosotros para hacerle saber todas las necesidades que tenemos, todo lo que la minera puede originar y ver qué resolvíamos.
Un hecho que se usa para deslegitimar la protesta contra Tía María es el escándalo de la extorsión. El conflicto acabó con eso el 2015, cuando se descubrió que el dirigente Pepe Julio Gutiérrez negociaba el paro a cambio de millón y medio de dólares.
No, falta información, la huelga continuó y con fuerza. El problema fue que la gente luego se cansó, porque estuvo más de un mes en la lucha. Ese tema yo agradezco que lo toque, porque fui una de las personas que Pepe Julio Gutiérrez mencionó y siempre dije que no tenía nada que ver. El fiscal que me acusaba pidió que se archive el caso porque no hay pruebas.
La fiscalía sí lo acusa.
Pero es otro tema. Acumularon la extorsión con otros procesos. Se considera al frente de defensa como una organización criminal. Es como decir que la asociación de periodistas es una organización criminal. No somos delincuentes.
¿Cree que el proceso pretende criminalizar la protesta?
Sí. Estoy seguro de que, en mi caso, se me ha querido perjudicar y también hubo direccionamiento político. A mí me sacaron de la alcaldía en una acción judicial veloz.
