Fortuna. En abril pasado, el Supremo Tribunal Federal dio la razón a los abogados de Camargo Corrêa en el sentido de que escuchas a directivos vulneraron derechos fundamentales., El imperio de arena. Así es conocida Construcciones y Comercio Camargo Corrêa, una empresa que nació en 1926 transportando arena en carrozas por el estado de Sao Paulo y ahora ejecuta obras en 40 países de África, Asia y Latinoamérica. Además de tener un amplio abanico de clientes, la mayor parte gobiernos, Camargo Corrêa ha enfrentado acusaciones sobre un modus operandi nada lícito para mantenerse en lo alto del sector de la construcción. Ha sido investigada por la Policía Federal y el Ministerio Público de su país, pero ha salido bien librada porque las pruebas fueron anuladas, los funcionarios de justicia removidos y las investigaciones encarpetadas. Es el caso de la Operación Castelo de Areia o Castillo de Arena, una megainvestigación de la Policía Federal sobre supuestos crímenes financieros, teniendo como centro de las operaciones el Grupo Camargo Corrêa. En el 2008, policías del estado paulista justificaron un seguimiento a altos ejecutivos de la multinacional basados en un anónimo que describía un esquema de lavado de dinero. Este señalaba que una persona, Kurt Pickel, estaría dedicándose a la compra y venta de dólares en el mercado paralelo, sin respaldo legal, y que se trataría de un "doleiro" (experto en retirar divisas de cuentas en paraísos fiscales). Tras realizar indagaciones, los agentes descubrieron al suizo Kurt ingresando a la sede de Camargo Corrêa, por lo que concluyeron –luego de otras verificaciones– que este "daba servicios ilegales a grandes constructoras como Camargo". El juez federal Fausto Martin de Sanctis autorizó entonces escuchas telefónicas, telemáticas y seguimientos a Kurt, Pietro y a otros dos directivos del grupo constructor. Por semanas, los diálogos de Pietro Giavina-Bianchi, ex directivo y consultor de Camargo Corrêa, Fernando Dias Gomes, Darcio Brunato, Darcy Flores y Kurt Pickel fueron grabados. Conforme la información era procesada, lo que fue inicialmente una operación antilavado derivó en un supuesto esquema de aportes para las campañas electorales de partidos políticos. Muchos aportes, según los agentes, podían estar ligados a la licitación de obras en un determinado periodo. Pietro: Y de José Carlos Aleluia (político brasileño), ¿sabes si se le pagó algo en el pasado? Fernando: Voy a dar una hojeada abajo porque Darcio no está. Se ha ido al Perú... P: Aquella carpeta de las elecciones... F: Está bien... P: Aquella que tiene todo lo que fue pagado... F: Yo veo eso... P: Inclusive está la oficial. La colaboración oficial. Castillo de Arena En enero del 2009, el juez autorizó el operativo que llevó a la detención de cuatro directivos, así como el allanamiento de la casa de Giavina-Bianchi. Los agentes fueron directamente a la oficina de su vivienda donde, según las escuchas, guardaba celosamente información sobre los pagos ilícitos. Uno de los USB incautados contenía documentación sobre supuestos pagos a autoridades en diversas fechas. Tras la verificación, la Policía concluyó inicialmente que muchos de los destinatarios mencionados en las hojas estaban vinculados a la entrega de obras tanto en Brasil como en el exterior. Cuando estaban seguros de llegar hasta el final, la operación comenzó a tambalear. Los directivos fueron liberados inmediatamente y los abogados de Camargo Corrêa se esforzaron para detener la investigación. Los abogados alegaron que esas donaciones fueron debidamente declaradas. En mayo del 2011, el Superior Tribunal Federal anuló la investigación porque solo se basó en una denuncia anónima. Hace solos dos meses, en abril último, la máxima instancia rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público que deseaba resucitar la operación. Los cientos de horas de conversaciones, manuscritos de aportes, jamás servirían como pruebas.
