Hacia una nueva política agraria

Uno de los temas centrales es la reestructuración del Ministerio de Agricultura, no por problemas coyunturales sino estructurales.

Uno de los temas centrales es la reestructuración del Ministerio de Agricultura, no por problemas coyunturales sino estructurales.

La agricultura peruana atraviesa una crisis, lo que motivó el Paro Agrario impulsado por sus principales gremios y acatado masivamente. Desde nuestro punto de vista, se está reclamando una nueva política agraria para el país, dejando de lado el enfoque actual, centrado casi exclusivamente en las necesidades de la agroindustria de exportación y que deja de lado al 24% de la población que vive de la mediana agricultura y, sobre todo, de la agricultura familiar.

Uno de los temas centrales es la reestructuración del Ministerio de Agricultura, no por problemas coyunturales sino estructurales. El MINAGRI se ha convertido en la práctica en el Ministerio de la Agroindustria y quien mueve los hilos es el MEF. Por eso se plantea conformar, mediante Decreto Supremo, una Mesa de Diálogo vinculante multisectorial, donde la cabeza sea la PCM y con la participación del MEF, MTC, Vivienda, autoridades del agua (ANA), con la Junta Nacional de Usuarios y Conveagro. 

El Paro Agrario viene después de la promulgación de la Ley de Control Previo de las Fusiones y Adquisiciones, así como el Decreto Supremo que combate la elusión tributaria. A pesar de sus distintas características, vemos un denominador común: la necesidad de sobrepasar el dogma de que el “libre mercado” arregla todos los problemas, instaurado como pensamiento dominante desde la Constitución de 1993. 

Lo que se reclama no es la ruptura con la economía de mercado, sino dejar de lado las anteojeras ideológicas para encarar la necesidad urgente de modificaciones sustanciales en el ordenamiento económico y social. Una de ellas claramente es el indispensable rol del Estado para impulsar la agricultura familiar. 

A fines del 2015 se aprobó la Ley 30355, Ley de Agricultura Familiar, para ese 24% de la PEA. Pero hasta la fecha no tiene presupuesto. La Ley 30355 nos permite ponernos en el mismo nivel de los demás países: el apoyo a la agricultura nacional, con una serie de mecanismos y programas. 

Eso hace la OCDE, el club de los países ricos, donde las ayudas a los productores y consumidores sumaron US$ 350,000 millones en el 2018. Estas ayudas permiten que sus productos se exporten a precios bajos, como sucede con el maíz amarillo duro, alimento de nuestro pollo, antes de la brasa.

Según EWG (1), en EEUU, del 1995 al 2017 los subsidios al maíz fueron US$ 117,000 millones (en el 2017 fueron US$ 5,000 millones). Como el Perú es importador de maíz amarillo duro estamos sufriendo las consecuencias de esos bajos precios. Por eso, Indecopi ya ha abierto una investigación de oficio para ver si hay subvaluación de precio, la que afecta a centenares de miles de peruanos. 

Algo nuevo: la OCDE ahora también calcula la ayuda dada por los “países emergentes”, US$ 320,000 millones en el 2018. Chile, Brasil, México y Colombia otorgan importantes cantidades. Además, ojo, estas ayudas no violan los TLC ya firmados.

Varios temas se quedan en el tintero. Quizá el más importante es que desde Bayóvar se exporta roca fosfórica, que luego importamos como fertilizante. ¿Por qué? Porque a los gobiernos neoliberales “no se les ocurre” dialogar con el inversionista para poner una planta de DAP para tener fertilizantes nacionales. E impulsar el agro. 

La agroindustria es importante para el país, por razones harto conocidas. Más importante aún es la pequeña y mediana agricultura, no solo porque nos da de comer y es lo que se practica a nivel mundial, sino porque nos une con nuestras raíces agrarias y nos estructura como país. Es cuestión de voluntad para una nueva política agraria.

 

(1EWG's Farm Subsidy Database

Te puede interesar

CONTINÚA
LEYENDO