Colaborador identificó a funcionarios de Sunarp captados por la red de Ludith Orellana

Declaración de colaborador eficaz 01-2015 confirmó coordinaciones entre Ludith Orellana y Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Sunarp. Registrador público recibió comisiones por parte de la organización criminal.

Declaración de colaborador eficaz 01-2015 confirmó coordinaciones entre Ludith Orellana y Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Sunarp. Registrador público recibió comisiones por parte de la organización criminal.

El colaborador eficaz 01-2015, luego de describir la red de testaferros que cultivó el Estudio Orellana, nombró con similar precisión montos y coordinaciones entre Ludith Orellana y funcionarios de la Sunarp durante los años 2009 y 2013.

En dicho periodo, las actividades ilícitas hicieron posible la inscripción de 47 títulos fraudulentos de propiedad para que el "área de saneamiento" luego vendiera los terrenos. El jefe principal de Registros Públicos de entonces, Álvaro Delgado Scheelje, fue uno de sus principales apoyos para las actividades delictivas. 

Así, entre los "contactos" externos que facilitaron estos trámites en Sunarp figuró el ahora exfuncionario, "el señor Pedro Guzmán Molina (registrador público), Samuel Gálvez, Carlos Moncada, Carlos Vargas Machuca, ligado también a registros, entre otros".

Los señalamientos fueron más precisos, pues sobre Delgado Scheelje, el colaborador expresó que había sido captado por el "área de saneamiento" a través de "un amigo en común" entre el año 2008 y 2009 de este con Rodolfo Orellana, hermano de Ludith.

"Así llega a ella para que pueda ser de apoyo", indicó, y especificando además que se reunió entre 3 y 4 ocasiones con ella en el estudio de la Av. Guardia Civil en San Isidro. Cabe precisar que el exfuncionario, así como Guzmán Molina y Vargas Machuca son acusados en el proceso, por lo que Fiscalía pide para ellos, respectivamente, 8, 18 y 5 años de prisión. 

Direccionamientos

Los célebres direccionamientos de los títulos presentados por algunos asistentes y procuradores del Estudio tuvieron como personaje central a Pedro Guzmán Molina. Esta operación consistía en presentar a Mesa de Partes el documento que recibía un determinado número de título, el mismo que era comunicado por teléfonos corporativos a Delgado Scheelje

Estas llamadas se realizaron entre los años 2009 y 2010, según el colaborador. Sobre el registrador Pedro Guzmán, indicó también que recibió pagos en efectivo y que, en distintas llamadas, puedo escuchar a Ludith Orellana u otros abogados referirse al funcionario como "Pedro", "Pedrito" y "el registrador".

De esta manera, las afirmaciones encajaron también con la acusación fiscal, donde se sostiene que en la "sección 77" de Sunarp, a cargo de Guzmán Molina, se registraban los títulos de terreno a favor de la red criminal. Asimismo, Ludith Orellana así como sus abogadas Katherine Díaz y Patricia Rojas "pactaron los pagos" para él por sus favorecimientos. 

La retahíla de revelaciones continuó. Por la inscripción del terreno Parinacochas, recibió US$1000 en efectivo por parte del procurador Jesús Verde en 2010; por el caso Cervatel, en 2012, se desembolsaron entre US$3500 y US$4500 a su favor. En otros predios, los pagos también fueron ordenados por el círculo íntimo de Ludith Orellana: las abogadas Katherine Díaz y Patricia Rojas, en las que participaron como intermediarios los procuradores Niki Ramírez y Eyner Flores

Sucesor 

A la salida de Delgado Scheelje de Sunarp, la organización criminal obtuvo en Carlos Vargas Machuca la continuación de los ilícitos. Sobre este, también acusado, el colaborador sostuvo por videoconferencia que "hacía uso de conocidos en Registros Públicos, se le alcanzaba el número de título y los pasaba a sus contactos. De alguna manera llegaba después al área del señor Guzmán Molina". 

El trabajo articulado y estrictamente delimitado de los acusados permitió estas acciones. Vargas Machuca fue, tal como sostuvo el testigo, uno de los que apoyó a la red de Ludith Orellana entre el 2012 y 2013. "Visitaba las oficinas del Estudio (...) y cobraba un monto estándar de US$500 por cada direccionamiento", señaló el colaborador. 

Cabe precisar que tanto los pagos lícitos e ilícitos, ingresos y egresos del Estudio que comandó Rodolfo Orellana, quedaron registrados en un archivo Excel llamado 'archivo bóveda'. Para la Fiscalía, la declaración del colaborador acerca cada vez más el circuito y las funciones de la organización criminal. "Estamos seguros de que en lo sucesivo se irá afianzando más la tesis fiscal”, indicó el fiscal Eiser Jiménez a este diario. 

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