Registro fraudulento. Álvaro Delgado Scheelje y otros funcionarios de Registros Públicos son acusados de recibir dinero para registrar como reales 47 títulos fraudulentos.,La Sala de Apelaciones Anticorrupción de la Corte Superior Nacional ordenó la búsqueda y captura del exjefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) Álvaro Delgado Scheelje al imponerle 12 meses de prisión preventiva por sus vínculos con la red Orellana. El tribunal superior también impuso 12 meses de prisión y ordenó la captura del registrador público Pedro Guzmán Molina. Además, aumentó a 12 meses la prisión preventiva impuesta a Ludith Orellana Rengifo, conocida como "Cruela de Vil" y considerada la líder de la red que su hermano Rodolfo Orellana infiltró en la Sunarp. Pagos ilícitos El fiscal Elvis Suárez Ferrer solicitó la prisión preventiva del exjefe de Registros Públicos a fin de asegurar su comparecencia al juicio público que debe afrontar por recibir sobornos de la red Orellana, entre los años 2009 al 2011. PUEDES VER PJ dicta prisión preventiva y captura contra exjefe de Sunarp y exregistrador público La Fiscalía pudo recoger declaraciones de colaboradores eficaces y testigos, más reportes telefónicos y copias de correos electrónicos, que probarían que Delgado Scheelje recibió diversas sumas de dinero de Ludith Orellana y Katherine Díaz Berrú, a fin de lograr que el ingeniero de sistemas Wilfredo Núñez Peña dirigiera los títulos fraudulentos registrados por Guzmán Molina. De esta manera, Orellana Rengifo logró inscribir 46 títulos de propiedad como si fueran originales, afectando a personas naturales y al Estado. De esos, 27 titulos se dieron fraudulentamente cuando Delgado Scheelje estuvo al frente de la Sunarp. La Fiscalía encontró reportes de llamadas telefónicas de personas del entorno de Ludith Orellana con Delgado Scheelje en los minutos previos o posteriores a la presentación por mesa de partes de los títulos fraudulentos. Tras la salida de Álvaro Delgado de la Sunarp, la red Orellana aún logró inscribir otros 19 títulos fraudulentos, utilizando como intermediario a Carlos Vargas Machuca, para que los documentos sigan siendo desviados a Guzmán Molina. Archivo Bóveda El área de saneamiento del estudio de abogados Orellana operó desde enero del 2009 hasta, al menos, el año 2015, cuando esta organización fue desarticulada y sus principales dirigentes, detenidos. Además de Ludith Orellana, entre sus principales integrantes estaban Patricia Rojas Rocha, Katherine Díaz Berrú, Sandy Cosio Hohagen, Carla Cruzado Crisólogo, Eyner Flores Ramos y Jesús Verde Aguirre. Una prueba clave en las investigaciones fue el hallazgo del "archivo bóveda", un documento en excel en el que la red anotaba los títulos fraudulentos y los montos que se entregaban a Delgado Scheelje y a Guzmán Molina para su inscripción registral. Este documento dio los indicios para probar los sobornos pagados y ayudó a identificar los títulos fraudulentos, pero también permitió reconstruir la ruta que siguió cada uno de ellos hasta llegar a la famosa "sección 77" a cargo de Guzmán Molina. Cuando un título de propiedad u otro documento llega al área de Registrados, de forma aleatoria la Mesa de Partes lo distribuye a una de las secciones para su análisis y registro. Esto también pasó en los títulos presentados por la red Orellana. Sin embargo, en el trayecto, con la colaboración de Delgado Scheelje o Carlos Vargas Machuca, los titulos eran redirigidos a la "sección 77", donde Guzmán los anotaba sin ninguna observación, quedando así listos para ser vendidos. El área de “operaciones estructuradas” de Orellana. - Los fiscales Elvis Suárez y Eicer Jiménez han logrado identificar a 23 integrantes del "área de saneamiento" al interior del estudio Orellana que, al igual que el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, se encargaba del manejo de las operaciones y pagos ilícitos, en este caso, en la Sunarp para registrar los titulos fraudulentos. - Este grupo de personas era dirigido por Ludith Orellana y lo integraban abogados y otros especialistas en derecho registral, notarial y municipal. Para todos ellos se han pedido penas que van desde 6 hasta 18 años de prisión. - El principal objetivo de este grupo era inscribir los falsos titulos de propiedad de tal manera que se pudiesen vender los terrenos, en algunos casos del Estado, como si ellos fueran los reales propietarios.
