Fuerza Popular se aferra al pasado en el Congreso.,El fujimorismo no se resigna a perder la mayoría y ensaya nuevas fórmulas que intentan limitar los derechos de los legisladores, con la esperanza de impedir más renuncias de congresistas hartos del manejo arbitrario de la cúpula de esa bancada. Fuerza Popular se aferra al pasado. Hace algunas horas, la presidenta de la comisión del Constitución, Rosa Bartra, envió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, una opinión consultiva que tergiversa la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la llamada ley contra el transfuguismo y la formación de nuevas bancadas. El informe, que fue aprobado solo con los votos del fujimorismo, señala que la renuncia de un congresista será considerada legítima, y por lo tanto pueda formar parte de otras bancadas, si su bancada de origen así lo determina en un plazo establecido en su reglamento interno o cuando lo disponga el Consejo Directivo. Las razones legítimas son tres: vulneración a las garantías del debido proceso; vulneración a los derechos dispuestos en el reglamento interno del grupo parlamentario; y razones de conciencia debidamente fundamentadas. El proceso de renuncia se propone tan engorroso al punto que será el Consejo Directivo el que actúe en segunda instancia si el congresista renunciante cree que el informe de su bancada es adverso a sus intereses. El presidente del TC, Ernesto Blume, ha reaccionado rápidamente demandando al Congreso respetar la sentencia debido a que constituye cosa juzgada y se cumple en sus propios términos. Este intento de Fuerza Popular busca también impedir el establecimiento de nuevas reglas de juego para un Parlamento más plural y colaborativo al interno de este poder del Estado, ahora que se ha frenado la estrategia autoritaria ejecutada por la anterior mayoría. Al iniciarse esta nueva etapa, debe evitarse el riesgo de que Fuerza Popular y su aliado el Apra recurran a la presión y la negociación bajo la mesa para impedir que el Congreso establezca, precisamente, nuevos procedimientos y un nuevo reparto de funciones. Al crearse dos nuevas bancadas es obvio que las comisiones deben ser reestructuradas de acuerdo con los principios que señala el Reglamento del Congreso, es decir, proporcionalidad y pluralidad. Entre los grupos de trabajo que requieren ajustes se encuentran la comisión de Ética y la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en especial esta última dirigida por un legislador impertinente y violento que ha retrasado el debate de las denuncias contra los implicados en la trama de los Cuellos Blancos. Este personaje no puede permanecer más tiempo en ese cargo. No es suficiente que Fuerza Popular deje de ser mayoría y de proyectar la imagen de un Parlamento hostil a la sociedad, o de practicar una relación tóxica en el seno del Legislativo. Es necesario que los votos o la falta de estos se traduzcan en un nuevo clima; de lo contrario, Fuerza Popular podrá argumentar, como siempre, que el problema son los otros.
