Desidia. A pesar de ser un caso complejo por el número de víctimas y acusados, se realiza una audiencia a la semana. Otros casos de DDHH corren riesgo de quebrarse.,En once meses de juicio oral, el colegiado B de la Sala Penal solo ha logrado tomar la declaración de una decena de acusados de la masacre de 38 pobladores de Cayara, asesinados por una patrulla militar el 14 de mayo de 1988. En este caso se están procesando a 30 militares por los asesinatos cometidos en el marco del plan operativo "Persecución", elaborado para ubicar a los terroristas que emboscaron un convoy militar en Erusco, matando a cuatro militares. PUEDES VER ¿Represión en China?: detienen a 100 cristianos y los acusan de “subversión” La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, que representa a las víctimas, señala que desde el 26 de enero pasado –en que comenzó el proceso– se realiza una sola audiencia a la semana, que dura dos horas en promedio. Consideró que por tratarse de un caso complejo debe haber por lo menos dos sesiones a la semana. "A este ritmo, tomará un año más tomar todas las declaraciones de los acusados y recién en el 2020 se empezará con el testimonio de los familiares y testigos, que pueden ir falleciendo", deploró. La última audiencia fue el viernes pasado, en la que declaró el oficial del Ejército en situación de retiro Enrique Majluf Vivanco, quien fue asistente administrativo de la Sección de Inteligencia de la 2da División, ubicada en el cuartel Los Cabitos de Huamanga. Los magistrados convocaron a la siguiente sesión recién para el 11 de enero. Cano precisa que hasta ahora se han debatido los pedidos de excepción de naturaleza de acción solicitadas por los abogados de los acusados y se ha culminado los interrogatorios de la patrulla "Grass", una de las que participaron en el operativo, y de un oficial de inteligencia que, según la acusación fiscal, participaron no solo en la matanza sino de las torturas que sufrieron los pobladores de Cayara. Excesiva demora Gloria Cano señala que en la práctica hay un solo colegiado para los casos de derechos humanos, que no se da abasto para todos los procesos que hay pendientes y en giro. "Debe armarse un nuevo colegiado en derechos humanos porque sino los casos van a seguirse atrasando", advierte. Por ejemplo, está pendiente que los jueces se pronuncien sobre el control de acusación en el proceso por la desaparición del periodista de La República y medio centenar de personas de Huanta en 1984. Además, alerta que varios casos podrían quebrarse y volver a cero porque uno de los miembros del colegiado, el juez Omar Pimentel ha sido cambiado a la Corte de Selva Central, donde debe asumir el cargo en enero. "Para que no se quiebren los casos sobre el crimen de Mariela Barreto y el de Rodrigo Franco, entre otros, tendrá que venir una vez cada 15 o 18 días. Y eso provocará una excesiva demora", dice. Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, indica Pimentel tendrá que dividir ese día para culminar los casos avanzados, como el del golpe del 5 de Abril contra Vladimiro Montesinos y otros 13 procesados, así como por la desaparición del ciudadano argentino Bruno Schell. "Un problema adicional es que la Sala Penal Nacional no designa su reemplazo y mientras no se haga, los casos seguirán demorando", observa. Añade que la lentitud se debe también a que hay solo un colegiado para derechos humanos. "Pareciera que ya no interesa llegar a la justicia para estas víctimas", refiere. El dato - Majluf admitió que el 14 de mayo de 1988 fue a Cayara. En 2003 dijo a la Comisión de la Verdad que en la posta había una joven. Ella sería Jovita García, testigo de la matanza, asesinada poco después.
