Confirman el suicidio de uno de los detenidos en operativos anticorrupción en Venezuela
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó que los resultados de la autopsia revelaron que se trató de un ahorcamiento.
Una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela confirmó que Leoner Azuaje Urrea, uno de los 61 detenidos en el último mes por supuesta corrupción, se suicidó en la celda donde estaba recluido, dijo este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que los resultados de la autopsia revelaron que se trató de un ahorcamiento.
PUEDES VER: Ladrón deja abandonado a su cómplice luego de que este se fracturara la pierna en pleno robo
Además, señaló que se halló "varias cartas dirigidas a su familia" en las que menciona la “decisión” de "atentar contra su vida" y "asume el error cometido".
Saab agregó que los fiscales designados para este caso "han realizado múltiples entrevistas", entre ellas a un psicólogo y al compañero de celda.
El fiscal informó el jueves que se hará una investigación sobre el "lamentable suicidio" de Azuaje Urrea, quien fue detenido esta semana por funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción por presunta corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, donde ocupó el cargo de presidente. Como se recuerda, fue presentado la madrugada del miércoles ante un tribunal especial.
PUEDES VER: La restrictiva ley del aborto en El Salvador, donde mujeres reciben condenas de hasta 50 años de cárcel
Saab también ordenó a la Unidad Criminalística del Ministerio Público que, junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adelante todo lo relacionado con la inspección técnica, entrevistas y autopsia.
El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pidió este viernes acelerar la investigación, así como extremar las medidas de supervisión en los centros de detención, ya que el "Estado y, especialmente, todos los organismos de seguridad deben proteger la vida, integridad, salud y seguridad de las personas privadas de libertad como derecho consagrado en la Constitución".
Varias ONG exigen una "investigación objetiva" e "independiente" sobre el suicidio.
