Fiscalía imputa al hijo del presidente Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
La Fiscalía dio a conocer las cartas con las que probaría que Nicolás Petro Burgos recibió dinero irregular, meses después de que su exesposa Day Vásquez revelara que conoció reuniones y llamadas de personas con antecedente criminal.
El hijo primogénito del presidente de Colombia, Nicolás Petro Burgos, fue imputado formalmente este martes por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, durante los alegatos de la audiencia pública de cargos que se realiza en Bogotá. "No hay ninguna duda de que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público", dijo el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.
El fiscal cuestionó los gastos e ingresos de Petro Burgos, quien fue intervenido el pasado sábado junto con su exesposa Daysuris Vásquez, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial del actual mandatario colombiano. Según se argumentó en la sala, el hijo del jefe de Estado tuvo en los dos últimos años ingresos por 220 millones de pesos (unos 54.000 dólares al cambio de hoy), pero gastó 1.600 millones de pesos (casi 399.000 dólares).
Este martes 1 de agosto a las 9.31 de la mañana empezó al audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez. La expareja viene de pasar su tercera noche en el búnker de la Fiscalía, ubicado en la capital colombiana, hasta donde llegó trasladada en el avión asignado al ente acusador, para cumplir con la audiencia de legalización de captura, la cual finalizó el domingo.
La diligencia se desarrolla ante el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá, ante el cual ya se legalizaron también varios elementos como dispositivos, documentos y cerca de 25 millones de pesos en efectivo que fueron incautados por el CTI en el momento de la detención de Nicolás Petro en su vivienda.
Ingresos injustificados
El fiscal hizo un recuento de todas las cuentas bancarias de Nicolás Petro y sus saldos, por lo que cuestionó la suma de dinero que acumuló considerando que su única fuente de ingresos provenía de su trabajo como servidor público (diputado regional), cargo que tiene un sueldo de "13 millones de pesos al mes (3.200 dólares al cambio de hoy)".
Para justificar sus gastos mensuales, el imputado tendría que ganar alrededor de 200 millones de pesos (casi 50.000 dólares) por mes, según los cálculos presentados por el acusador.