“Hacia la huelga general”: decenas de miles de personas protestan en España y exigen soluciones a la crisis de vivienda

El Sindicato de Inquilinas impulsa la convocatoria de un paro general y mantiene su acampada en Madrid para exigir alquileres asequibles y protección contra desahucios.

Cientos de miles de manifestantes en Madrid y otras ciudades exigen soluciones a la crisis de vivienda bajo el lema "Hacia la huelga general" tras el rechazo a decretos del Gobierno español.
Cientos de miles de manifestantes en Madrid y otras ciudades exigen soluciones a la crisis de vivienda bajo el lema "Hacia la huelga general" tras el rechazo a decretos del Gobierno español.Foto: AFP

Decenas de miles de personas salieron este sábado 3 de octubre a las calles de Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis de vivienda. Bajo el lema “Hacia la huelga general”, las movilizaciones reclamaron alquileres asequibles y protección frente a los desahucios, un día después de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez destinados a afrontar el problema, según RTVE.

En la capital, la Delegación del Gobierno calculó unos 70.000 asistentes, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra a 500.000. Las columnas de manifestantes confluyeron en la plaza de Cibeles, donde el malestar se expresó en pancartas y consignas contra la especulación inmobiliaria. "Todos tenemos derecho a la vivienda y no hay derecho a lo que está pasando", declaró a AFP Adhara Freile, una jardinera de 41 años que teme perder su apartamento cuando termine el contrato.

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Sindicato de Inquilinas busca huelga general en España y mantiene acampada en Madrid

El Sindicato de Inquilinas propone impulsar un paro general tras entablar conversaciones con la Cadena SER, UGT y Comisiones Obreras. Su vocera, Valeria Racu, confirmó que carecen de fecha definida, al tiempo que ratificó la extensión del campamento en la Puerta del Sol mediante resoluciones comunitarias. Paralelamente, fuertes lluvias forzaron la suspensión de las manifestaciones agendadas en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, según reportó Reuters.

Los arriendos impagables sofocan la economía de los madrileños. Marcos Sainz, librero de 26 años, abonaba 900 euros junto a sus amigos por una residencia de tres cuartos, pero recientemente migró a un piso de dos estancias por casi 1.000 euros. "Y me siento privilegiado porque me lo puedo permitir", sostuvo antes de avisar su marcha inevitable de Madrid, salvo si regulan el mercado inmobiliario.

La precariedad castiga incluso a trabajadores asalariados forzados al hacinamiento. Javier, instalador fotovoltaico de 31 años, comparte 90 metros cuadrados con cuatro personas y destina el 50% de su nómina a una habitación minúscula. "Estamos reclamando un derecho básico, que es tener una vivienda digna, una estabilidad", sentenció a AFP frente a la incesante especulación habitacional.

Rechazo a los decretos de vivienda impulsa debate sobre adelanto electoral

La derrota parlamentaria de dos decretos sobre renovación de alquileres, tope a las rentas y freno a los fondos buitre agravó la crisis habitacional para el Ejecutivo. Las bancadas del PP, Vox, Junts y UPN bloquearon el primer texto, mientras que el PNV y Coalición Canaria apoyaron la negativa en el segundo. El fracaso legislativo dejó sin respaldo legal las medidas para contener los desahucios y contener la escalada de precios en el mercado inmobiliario.

Ese revés político desató rumores sobre un posible anticipo de los comicios generales, programados originalmente para 2027. Fuentes periodísticas locales citadas por Reuters indicaron que Pedro Sánchez evalúa convocar elecciones en noviembre tras medir el impacto de las manifestaciones, aunque su oficina declinó comentar esos reportes y la medida carece de ratificación oficial. La agencia EFE coincidió en señalar que la discusión electoral figura entre las implicaciones directas de la derrota en la Cámara.

El detonante del descontento social fue el desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la residencia madrileña donde habitó por siete décadas, hecho que motivó las iniciativas normativas tumbales. Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid rechazó la propuesta de la compañía propietaria para reubicar a la mujer mayor mediante un plan municipal, argumentando que "no cumplía los requisitos legales". El drama de la octogenaria representa hoy la desprotección de los ciudadanos frente a la pérdida de su domicilio.

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