Abogado de Fernando Cerimedo denuncia “vulneración a sus derechos” ante la CIDH y advierte silencio de la Fiscalía

Cerimedo enfrenta múltiples procesos legales en Bolivia, incluyendo uno por tentativa de feminicidio y otro por enriquecimiento ilícito, mientras permanece privado de libertad.

La investigación se centra en supuestos vuelos irregulares en Beni vinculados a Cerimedo y el exministro Marco Antonio Oviedo. Foto: Policía Boliviana.
La investigación se centra en supuestos vuelos irregulares en Beni vinculados a Cerimedo y el exministro Marco Antonio Oviedo. Foto: Policía Boliviana.

La defensa de Fernando Cerimedo elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de pruebas con las que busca cuestionar el proceso penal que enfrenta el asesor argentino y denunciar presuntas irregularidades durante la investigación.

El abogado Ramiro Vega aseguró que entre los elementos entregados existen audios que, según sostiene, demostrarían que Cerimedo no tuvo responsabilidad en los hechos por los que es investigado. También afirmó que parte de esa información ya estaba en poder de la Fiscalía, pero que el Ministerio Público no se habría pronunciado sobre su contenido.

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"He recibido pruebas de que todo esto es un montaje, pruebas que las ha tenido la Fiscalía desde el primer día y tengo miedo. Tengo miedo porque esas pruebas incriminan a mucha gente y exculpan al señor Fernando Cerimedo. Audios que prueban desde el primer día que el señor Cerimedo era inocente", aseguró Vega en un video difundido en redes sociales.

El jurista sostuvo que decidió recurrir al organismo internacional porque, a su criterio, no existen garantías suficientes para presentar esos elementos ante las autoridades bolivianas. Además, afirmó haber solicitado medidas de protección para él, sus familiares, los abogados que integran la defensa y para el propio asesor presidencial.

Uno de los principales argumentos expuestos por Vega está relacionado con una denuncia previa sobre vuelos irregulares en Beni.

El abogado afirma que su representado reportó ante las autoridades que terceras personas utilizaban su nombre y el del entonces ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, para realizar operaciones con avionetas en ese departamento.

La Fiscalía del Beni abrió una investigación por la presunta protección a vuelos irregulares relacionados con el tráfico de sustancias controladas en Santa Ana del Yacuma. El fiscal departamental Alexander Mendoza señaló que el proceso podría ampliarse contra particulares o funcionarios públicos si aparecen nuevos indicios.

Para Vega, la denuncia previa genera interrogantes sobre el proceso iniciado posteriormente contra su defendido. El abogado considera que esos antecedentes fueron ignorados y que existen elementos suficientes para sostener que la causa habría sido “armada”.

Acusaciones contra el Ministerio Público

Las declaraciones de Vega también apuntan directamente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Afirmó que la Fiscalía conocía información relacionada con las avionetas y cuestionó que posteriormente se haya impulsado una investigación en la que Cerimedo aparece involucrado.

Además, manifestó sus sospechas sobre el tratamiento dado a la información contenida en el teléfono celular de su defendido. Según su versión, un peritaje habría eliminado o dejado fuera elementos que podían favorecerlo.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la defensa y no han sido respaldadas públicamente por la Fiscalía. Hasta el momento, el Ministerio Público no se pronunció sobre las acusaciones formuladas por Vega ni sobre los supuestos elementos probatorios mencionados por el abogado.

La abogada Adriana Pedraza también informó que la defensa presentó ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de Cerimedo, además de garantías para quienes participan en su defensa.

Cerimedo enfrenta varios procesos

Cerimedo permanece privado de libertad mientras enfrenta diferentes investigaciones. Fue aprehendido el 17 de agosto después del atentado sufrido por su expareja, la abogada Nadia Beller, y afronta un proceso por presunta tentativa de feminicidio.

A esta causa se sumó una orden de detención preventiva por seis meses dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La medida contempla su traslado al penal de Chonchocoro.

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