Gobierno de Kast ordena retirar dinero de cuentas bancarias a deudores de crédito universitario sin pasar por tribunales
Aunque el Gobierno chileno aseguró que la ofensiva apunta a deudores del CAE con altos ingresos, denunciaron que las retenciones también alcanzaron a personas con rentas medias.
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El Gobierno de José Antonio Kast puso en marcha una estrategia de cobro contra los beneficiarios morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema de financiamiento creado para ayudar a estudiantes a costear sus estudios de educación superior mediante préstamos respaldados por el Estado. La medida, ejecutada por la Tesorería General de la República (TGR), contempla la retención de dinero en cuentas bancarias y el embargo de bienes sin necesidad de una orden judicial previa. En una primera etapa, apunta a cerca de 1.800 deudores con ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales (unos US$5.500).
La decisión abrió un fuerte debate en Chile. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca recuperar recursos fiscales adeudados durante años, los afectados denuncian que quedaron sin acceso a sus fondos. Ignacio Vigouroux relató a The Clinic que la Tesorería retiró todo el dinero que mantenía en distintas cuentas. “Me sacaron hasta el último maldito peso que tenía. Ahora estoy atrasado en todo. Soy deudor en todas partes, no solamente del CAE (…) Estoy dejando a mi hijo sin sustento”, afirmó, tras explicar que no pudo acceder a un convenio de pago debido a que la cuota mensual de 500.000 pesos le resultó inalcanzable.
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Gobierno defiende cobro sin intervención judicial y Boric responde
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la política de cobro y aseguró en Canal 13 que las autoridades han priorizado a quienes registran mayores rentas. “Hubo muchos avisos previos”, señaló. También afirmó que tuvieron oportunidades para suscribir acuerdos de pago y regularizar su situación antes de la aplicación de estas medidas.
La TGR informó que los embargos ya comenzaron en regiones como Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, y que el procedimiento se extenderá al resto del país. Según el organismo, la legislación vigente permite dichas acciones con el fin de recuperar recursos fiscales. Además, advirtió que, si el adeudo no se regulariza, el proceso puede avanzar hasta el remate judicial de inmuebles.
Las críticas surgieron desde distintos sectores políticos y sindicales. El expresidente Gabriel Boric cuestionó el “vaciamiento intempestivo” de cuentas bancarias y recordó que durante su administración existió un acuerdo técnico para reformar el CAE, aunque no prosperó en el Congreso por falta de votos. En tanto, expresó su solidaridad con los perjudicados y pidió retomar la discusión sobre un nuevo sistema de financiamiento universitario.
¿Quiénes son los deudores afectados por el CAE?
A diciembre del 2025 existían cerca de 1,28 millones de personas con una obligación asociada al Crédito con Aval del Estado. De ellas, alrededor de 693.000 se encontraban en situación de morosidad, con la garantía ejecutada o en proceso de aceleración del crédito.
Un estudio de Acción Educar, elaborado con datos de la Comisión Ingresa, revela que casi la mitad de los beneficiarios pertenece a los dos quintiles de menores ganancias. Entre quienes ya debían iniciar pagos, más del 70% registraba incumplimientos. Además, uno de cada cuatro morosos abandonó sus estudios antes de obtener un título profesional.
El informe también señala que la deuda promedio alcanza los 9,6 millones de pesos y que más de la mitad de los beneficiarios adeuda menos de 7 millones. Asimismo, el valor promedio de las cuotas mensuales es de poco más de 59.000 pesos.
La controversia llegó al Congreso. La diputada Daniela Serrano presentó un proyecto que busca impedir el embargo de salarios, mientras la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó como “gravísimas” las denuncias de personas que quedaron sin recursos tras las retenciones. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores advirtió que estas medidas afectan directamente el sustento de miles de familias y profundizan los problemas derivados de la deuda estudiantil.
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