Gustavo Petro es investigado por fiscales federales de EE. UU. por vínculos con narcotraficantes, según The New York Times

The New York Times informó que Gustavo Petro se encuentra bajo investigación penal por parte de al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos —Manhattan y Brooklyn— ante posibles reuniones del mandatario con narcotraficantes y supuestos pedidos de donaciones para su campaña presidencial. Según detalles revelados en el artículo, la indagación incluyó agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Además, se indicó que los análisis avanzan en etapa preliminar sin que, hasta el momento, se haya determinado la presentación de cargos penales. Asimismo, no existen elementos que apunten a una intervención de la Casa Blanca en el inicio de estos procesos, lo que refuerza su carácter autónomo dentro del ámbito judicial.

El medio advierte que, ante este escenario, Donald Trump podría utilizar estas indagaciones como herramienta de presión para exigir mayor colaboración de Colombia —principal productor global de cocaína y reciente aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico—, además de intentar influir en el panorama político de cara a los próximos comicios.

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Acusaciones pasadas

En octubre del 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Petro, junto con su esposa y su hijo mayor, al señalar presuntos vínculos con el narco. A esto se sumó la inclusión del ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que durante la actual administración colombiana la elaboración de cocaína alcanzó niveles récord y que se habrían otorgado beneficios a organizaciones criminales. En el caso del hijo del mandatario, se indicó que habría reconocido la recepción de dinero de origen ilícito vinculado a estas actividades.

Frente a estos señalamientos, el líder de izquierda rechazó de forma reiterada la imputación y defendió su gestión en materia antidrogas. El jefe de Estado sostiene que el incremento de la producción no ha sido abrupto y que su gobierno logró mayores incautaciones que administraciones anteriores.

La palabra del hijo

Cabe indicar que en 2023, Nicolás Petro admitió ante la Fiscalía General de Colombia que la campaña presidencial de 2022 recibió aportes irregulares, incluidos recursos de origen ilícito y montos no reportados. No obstante, en marzo de 2024, durante un interrogatorio ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se retractó de lo que había dicho, afirmando que el dinero recibido era lícito y alegando que fue presionado para declarar en contra de su padre.

Durante aquella audiencia, el fiscal Mario Andrés Burgos precisó que esta información era desconocida hasta aquel momento por el Ministerio Público y abrió nuevas líneas de investigación que podrían comprometer a otros actores. Entre los señalados figuran un exnarcotraficante y empresarios vinculados a estructuras ilegales.

Presidente niega supuestas implicancias

Petro se defendió en su cuenta de X tras conocerse que está siendo investigado: "En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes", afirmó. Además, destacó: "Nunca en mi vida he hablado con uno y con riesgo de mi existencia, a denunciar los vínculos entre ellos y los más poderosos".

Sobre la posibilidad de que dinero ilícito haya entrado en su campaña presidencial de 2002, aseguró: "Siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos". También consideró que los procesos en las Fiscalías de Brooklyn y Manhattan son una oportunidad "para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana".

La embajada en Estados Unidos se pronunció sobre la noticia, revelada por el diario New York Times, que citó a tres fuentes anónimas. En su comunicado, la representación diplomática expresó que las imputaciones deben ser leídas "con la cautela necesaria cuando hay versiones no verificadas" y aclaró que, hasta el momento, no ha habido notificación oficial de las autoridades estadounidenses sobre los desarrollos judiciales contra el presidente.