Trump en problemas: 16 estados demandan a Gobierno de EEUU por venta de gatillos de disparo rápido para rifles semiautomáticos
16 estados dicen que devolver gatillos confiscados viola leyes y amenaza la seguridad pública.
La República en GoogleUna coalición de 16 estados ha presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump por su propuesta de permitir la venta de gatillos de reinicio forzado, dispositivos que convierten rifles semiautomáticos en armas de disparo automático. Los fiscales generales de los estados, encabezados por Delaware, Maryland y Nueva Jersey, argumentan que permitir la venta y devolución de estos dispositivos violaría leyes federales y pondría en peligro la seguridad pública, exacerbando la violencia armada y comprometiendo la seguridad de las fuerzas del orden.
Este conflicto legal se origina en torno a la clasificación de estos gatillos, que se utilizan para reemplazar el gatillo tradicional de un rifle tipo AR-15. Mientras que el gobierno de Biden había prohibido previamente su venta, argumentando que estos dispositivos transforman rifles semiautomáticos en ametralladoras ilegales, el Departamento de Justicia de EEUU llegó a un acuerdo con el fabricante Rare Breed Triggers, permitiendo su venta nuevamente, lo que ha generado una fuerte oposición.
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La demanda y los riesgos asociados a los dispositivos de disparo rápido
La demanda, presentada ante un tribunal federal de Maryland, se centra en la venta y devolución de estos gatillos de disparo rápido, conocidos como “detonadores de reinicio forzado”. Según los fiscales generales de los estados demandantes, la devolución de los dispositivos a sus propietarios violaría las leyes federales, específicamente las regulaciones sobre armas automáticas, lo que incrementaría el riesgo de violencia armada en todo el país. Estos dispositivos permiten que un rifle semiautomático dispare a una velocidad mucho mayor, lo que los convierte en un peligro potencial tanto para los civiles como para los agentes de la ley.
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La preocupación se basa en el hecho de que el uso de estos dispositivos podría facilitar el uso de armas de asalto de manera más eficiente y letal, algo que los fiscales generales de los estados consideran un grave peligro para la seguridad pública. La demanda busca impedir que se sigan permitiendo ventas de estos dispositivos y que los que ya fueron confiscados sean devueltos a sus propietarios.
Rare Breed Triggers y el acuerdo con el Departamento de Justicia
Rare Breed Triggers, el fabricante de los dispositivos, sostiene que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) clasificó erróneamente sus productos como ametralladoras. La empresa argumenta que la ATF ignoró varias solicitudes para cesar la venta de los detonadores antes de ser demandada por la administración de Biden. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EEUU llegó a un acuerdo con la compañía, permitiendo que la venta de estos dispositivos continúe bajo ciertas condiciones, mientras que la ATF se compromete a devolver los gatillos confiscados a sus propietarios.
Este acuerdo ha generado controversia, especialmente en los estados demandantes, que creen que permitir la venta de estos dispositivos aumenta el riesgo de violencia armada. La situación se complica aún más debido a los vínculos legales previos entre el fabricante y el exasesor de la Casa Blanca, David Warrington, quien representó a la empresa en litigios previos y ahora asesora a Trump, lo que ha añadido un componente político adicional a este caso.
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