Ciudadanos de tres países de América Latina bajo restricciones para ingresar a Estados Unidos

Entre los 19 países incluidos en la orden de Donald Trump para restringir la entrada a Estados Unidos, hay tres de América Latina —además de la mayoría que son de Medio Oriente y África. Según indica el documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca, que entró en vigencia el 9 de junio, la medida se justifica por razones de seguridad nacional y se basa en una evaluación de riesgos que, supuestamente, representan ciudadanos de estas nacionalidades por deficiencias en sus sistemas de información y cooperación de países de origen

Mientras que Haití enfrenta una suspensión total de ingreso, Cuba y Venezuela están sujetos a restricciones parciales. La orden titulada “Restricción de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública” precisa distintas justificaciones y aplica medidas diferenciadas para cada caso. Nancy Arellano, politóloga especialista en Relaciones Internacionales y migración, sostiene que la estrategia carece de viabilidad a largo plazo y no asegura una solución a lo observado por Trump.

“Pensar en la posibilidad de que estas medidas sean efectivas o no, de cara a los fines públicamente declarados, de hacer a América más segura, más próspera y más fuerte en un mundo financieramente globalizado, culturalmente globalizado y de consumo globalizado, resulta raro”, señala.

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Aunque no tengan papeles, sí pagan impuestos

"Las deportaciones son un mal negocio", sustenta Arellano. “Tributariamente, los migrantes, independientemente de su situación irregular contribuyen al fisco norteamericano”, indica la especialista. Según datos del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), en 2023 los hogares de inmigrantes sin documentación pagaron aproximadamente 89.800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.

“A diferencia de lo que puede pasar en otros países donde el hecho de no tener un estatus regular te lleva a la informalidad, la formalidad tributaria en Estados Unidos es absolutamente independiente. Eso quiere decir que un proceso de deportación masiva tiene un impacto tributario”, explica.

Según datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citado por El País, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a un inmigrante indocumentado es de aproximadamente 17.121 dólares.

A ello se suma el impacto a nivel de derechos humanos y el impacto en la imagen de Estados Unidos ante el mundo. “Hay un sesgo con una perspectiva ‘ultranacionalista’ y es en un extremo particular porque en Estados Unidos hay un carácter constitutivo, una identidad migratoria que en su propia historia ha marcado la presencia de la diversidad y, justamente, la evolución de las normativas migratorias”, apunta Arellano.

“No son medidas que puedan ser sostenibles a largo plazo porque la migración es un fenómeno tan humano, el control de las fronteras tan complejo… La verdad es que declarar el fin de la migración es tan viable como declarar el fin del narcotráfico”, comenta.

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¿Qué se ha indicado para ciudadanos de Haití, Colombia y Cuba?

Haití enfrenta una suspensión total de ingreso por la ausencia de una autoridad que emita documentos y comparta información policial, sumado a altas tasas de sobre estadía. En cambio, Cuba y Venezuela están sujetos a restricciones parciales, aunque las medidas específicas para cada país son distintas.

En el caso de Cuba, la prohibición afecta a nacionales con visas de turismo, negocios, estudios y programas de intercambio que se encuentren fuera de Estados Unidos sin una visa válida, fundamentada en que Cuba es catalogada como un “Estado patrocinador del terrorismo” que no coopera adecuadamente con EE.UU. y rechaza aceptar ciudadanos deportados.

Para Venezuela, las restricciones también aplican a categorías similares de visa, pero se basan en la falta de una autoridad competente para emitir pasaportes y documentos civiles, la ausencia de procesos adecuados para investigar solicitantes de visa y la negativa histórica a aceptar el retorno de ciudadanos deportados.

Arellano observa que está pendiente esperar cómo se llevarán a cabo las deportaciones una vez que las visas de ciudadanos de Haití pierdan vigencia. “El tema es: cómo va a operar, si va a operar con deportaciones hacia otro territorio. La deportación es ahora estimulada con un pago de 1.000 dólares para que las personas se autodeporten. El monto no representa un estímulo real frente a lo que las personas pueden trabajar y dar a sus familias”, dice.