Redadas de inmigración en EEUU: proyecto de ley que exige a sheriffs colaborar con ICE es enviado al gobernador de este estado para su firma

El panorama de las políticas migratorias en Estados Unidos está atravesando un cambio relevante luego de la reciente aprobación del proyecto de ley SB 8 por parte de la Legislatura de Texas. Esta propuesta, que ahora espera la firma del gobernador Greg Abbott, busca fortalecer la implicación estatal en la implementación de las leyes federales sobre inmigración.

La propuesta, que ha generado tanto respaldo como críticas, busca ampliar las atribuciones de los sheriffs locales en su colaboración con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este enfoque ha desencadenado un intenso debate sobre sus posibles efectos en la seguridad pública y en la salvaguarda de los derechos civiles.

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¿Qué medidas establece el proyecto de ley SB 8 en Texas?

El proyecto de ley SB 8 propone una serie de disposiciones orientadas a fortalecer la colaboración entre las autoridades locales y ICE.

• Obligación de cooperación: La medida establece que la mayoría de los sheriffs que gestionan o contratan las operaciones de una cárcel deben solicitar y formalizar acuerdos con ICE.
• Acuerdos 287(g): Estos convenios se basan en la ley federal 287(g), la cual faculta a ICE para extender una autoridad migratoria limitada a agentes de la ley locales.
• Alcance del mandato: El autor del proyecto de ley estima que esta normativa impactaría aproximadamente a 234 de los 254 condados de Texas.
• Flexibilidad en los acuerdos: Aunque versiones previas del SB 8 se limitaban a exigir acuerdos para procesar órdenes administrativas en cárceles, la versión final permite a los sheriffs solicitar cualquiera de los tres tipos de acuerdos 287(g). Entre ellos se incluye uno que autoriza a los agentes locales a indagar sobre el estatus migratorio de las personas durante sus tareas policiales cotidianas en el campo.
• Programas existentes: Actualmente, 73 agencias de aplicación de la ley en Texas ya mantienen acuerdos 287(g con ICE, predominando los programas vinculados a instalaciones carcelarias.

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Implicaciones del SB 8 en las políticas migratorias de Texas

La implementación del proyecto de ley SB 8 en Texas genera un amplio espectro de reacciones y proyecciones sobre sus repercusiones. Mientras sus promotores, como el Representante David Spiller y el Senador Charles Schwertner, enfatizan la necesidad de seguridad pública y la respuesta a las preocupaciones de los votantes respecto a la inmigración, la oposición expresa graves inquietudes. Se ha argumentado que esta legislación podría menoscabar la confianza de las comunidades inmigrantes en las fuerzas del orden, un aspecto crucial para la denuncia de delitos.

Además, se advierte sobre un posible aumento de los perfiles raciales por parte de los agentes, citando ejemplos históricos de controversias relacionadas con programas similares. Demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU de Texas, han manifestado que la normativa podría imponer una carga económica adicional a los condados, que ya afrontan limitaciones presupuestarias para nuevas responsabilidades.

Debate sobre la autoridad federal y estatal en Estados Unidos

El avance del proyecto de ley SB 8 en Texas se inscribe en una tendencia más amplia de estados que procuran una participación activa en la aplicación de las leyes de inmigración, una competencia que históricamente se ha atribuido al gobierno federal en Estados Unidos. Previamente, Texas aprobó una ley que permitía a la policía local arrestar a individuos sospechosos de permanencia irregular en el país. Durante la administración Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda para detener la ejecución de esta medida, acción que fue desistida por la administración Trump entrante.

Además, en 2017, el estado prohibió políticas gubernamentales locales que impidieran a los oficiales preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, apuntando a lo que se conocían como "ciudades santuario". Este panorama legislativo en Texas pone de manifiesto la compleja interacción entre la autoridad federal y estatal en la formulación e implementación de las políticas migratorias en Estados Unidos, un tema de constante relevancia y debate público.