¡Atención inmigrantes! España prepara ley para facilitar permisos de residencia y empleo a millones 'sin papeles'
Miles de inmigrantes en España podrían obtener residencia legal gracias a una nueva propuesta que busca regularizar su situación. El plan abriría el acceso a empleo formal y derechos sociales esenciales.
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España avanza en un plan para regularizar a cientos de miles de inmigrantes sin papeles que llegaron antes de diciembre de 2024. Foto: composición LR/Freepik
El Congreso de los Diputados avanza en la tramitación de una ley que podría cambiar la vida de cientos de miles de inmigrantes en España. Se trata de un proyecto de regularización extraordinaria que permitiría a quienes llegaron al país antes del 31 de diciembre de 2024 acceder a permisos de residencia y empleo, siempre que cumplan ciertos requisitos. La iniciativa, respaldada por más de 600.000 firmas, permanece en etapa de negociaciones parlamentarias.
La propuesta, aprobada en 2024 con el voto en contra del partido VOX, se había estancado por la falta de impulso político del PSOE. Sin embargo, ante la presión de organizaciones sociales y la necesidad de dar respuesta a una realidad creciente, el Ejecutivo reconsideró su postura y ahora busca darle viabilidad a través de un consenso amplio en el Congreso.
Requisitos para acceder a residencia y empleo
Los inmigrantes en España que deseen beneficiarse de esta regularización deberán cumplir con varios requisitos. Aunque la lista podría modificarse en el debate parlamentario, el borrador del texto legislativo señala las siguientes condiciones clave:
- Haber ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2024
- Acreditar una permanencia mínima en el territorio nacional
- No tener antecedentes penales en España ni en el país de origen
- Estar en situación de vulnerabilidad económica, sanitaria o social
- Presentar documentación que pruebe el arraigo o la integración
Una vez concedido el permiso, los inmigrantes podrán trabajar legalmente, acceder a servicios públicos y optar a programas de formación e inserción laboral. La ley no solo plantea una solución humanitaria, sino también una herramienta para combatir la economía sumergida y mejorar la cohesión social.
El procedimiento será gestionado por la Oficina de Extranjería y contará con el acompañamiento de entidades sociales y organizaciones que ya apoyan a migrantes en situación irregular. La medida representa una oportunidad histórica para reconocer el aporte de quienes han construido una vida en España, pese a las barreras legales.
Una medida que complementa la reforma de Extranjería
Este proyecto de ley se suma a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025. Esta modificación ya permite facilitar los trámites a inmigrantes que buscan regularizar su situación mediante trabajo, estudios o arraigo social, con una proyección de beneficiar a más de 900.000 personas en tres años.
A diferencia del reglamento, la nueva ley busca atender específicamente a quienes han quedado fuera de los mecanismos regulares de regularización, ya sea por falta de documentos, barreras administrativas o situaciones personales que les impiden cumplir con los requisitos actuales. La legislación también prevé la elaboración de un Real Decreto, que definirá los pasos concretos para acceder al proceso de regularización, una vez aprobada la norma.
El PSOE ha declarado que está dispuesto a incorporar propuestas de los sectores más críticos y a abrir el texto a enmiendas para ampliar el consenso. El decreto se elaborará en un plazo de seis meses tras la aprobación del proyecto, momento en el cual se establecerán los detalles del procedimiento.
Un plan legal para miles de inmigrantes en España
La medida contempla la concesión de permisos de residencia bajo la figura de “autorización por circunstancias excepcionales”. Está dirigida a inmigrantes sin papeles que llevan tiempo viviendo en España y que no pueden regresar a sus países de origen por motivos humanitarios, sociales o económicos. El objetivo es dar una solución estable a personas que ya forman parte del tejido social y económico del país.
Según el borrador de la ley, al que accedieron medios nacionales, los beneficiarios deberán cumplir condiciones como un tiempo mínimo de permanencia, ausencia de antecedentes penales y prueba de arraigo o vulnerabilidad. Pilar Cancela, secretaria de Estado para las Migraciones, confirmó que el Gobierno está dispuesto a revisar y suavizar algunos criterios para lograr el respaldo necesario en las cámaras.
Grupos de derechos humanos han advertido sobre la exclusión de ciertos colectivos, como menores tutelados o solicitantes de asilo con resoluciones desfavorables. Estos sectores reclaman una ampliación de la medida, para no dejar fuera a personas en situación de extrema necesidad.
