Es oficial: Florida es el segundo estado en EEUU en prohibir el flúor en agua pública tras promulgación de Ron DeSantis
Florida prohíbe el flúor en el agua pública, convirtiéndose en el segundo estado de EEUU en tomar esta medida bajo la legislación SB 700, firmada por el gobernador Ron DeSantis.
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Florida es el segundo estado en prohibir el flúor de agua en Estados Unidos. | Composición LR.
Florida ha prohibido el flúor en agua pública bajo la legislación SB 700 promulgada por el gobernador Ron DeSantis. Con esta normativa, conocida también como la Ley Agrícola de Florida, el estado se posiciona como el segundo estado en EEUU en tomar esta medida, siguiendo el ejemplo de Utah. Aunque el término “fluoruro” no aparece explícitamente en el texto de la ley, las restricciones impuestas afectan directamente el uso de este mineral en los sistemas de agua estatales.
En una rueda de prensa previa a la firma de la legislación, DeSantis defendió la medida como una forma de respetar el “consentimiento informado” de los ciudadanos, calificando la adición de flúor al agua como “medicación forzada”. El gobernador citó posibles efectos adversos del mineral en mujeres embarazadas y niños. Además, contó con el respaldo del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, para argumentar su postura. Esta controvertida medida entrará en vigor el próximo 1 de julio, marcando un cambio significativo en la política de salud pública del estado.
Florida es el segundo estado en prohibir el flúor en el agua estatal
La decisión de eliminar el flúor del agua estatal ha encontrado tanto defensores como detractores en Florida. Durante la firma del proyecto de ley, llevada a cabo en Miami, DeSantis elogió el esfuerzo de la comisión del condado al revocar un veto previo impuesto por la alcaldesa Daniella Levine Cava. La mandataria, de afiliación demócrata, rechazó inicialmente una medida similar argumentando que ignoraba el consenso de los expertos médicos, quienes consideran la fluoración como una herramienta efectiva para prevenir caries dentales.
En contraste, el gobernador destacó un estudio de 2019 que señala que los niños cuyas madres presentaban altos niveles de flúor en la orina durante el embarazo mostraron un coeficiente intelectual ligeramente menor. Aunque los investigadores del estudio enfatizaron que los resultados no eran concluyentes, DeSantis utilizó estos hallazgos para respaldar la nueva normativa. En sus declaraciones, aseguró que los ciudadanos que deseen beneficiarse del flúor podrán hacerlo agregándolo personalmente a su agua potable en el hogar.
La prohibición de flúor en agua pública en Estados Unidos
Florida no está sola en esta decisión. Utah fue el primer estado de EEUU en implementar una prohibición similar bajo la administración del gobernador Spencer Cox, también republicano. Otros estados como Kentucky, Massachusetts, Nebraska, Wisconsin y Carolina del Norte han comenzado a debatir proyectos de ley que podrían resultar en medidas similares.
Mientras tanto, organizaciones como la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Dental Estadounidense defienden la fluoración del agua como una práctica segura y efectiva que reduce las caries dentales en un 25%. Estas instituciones consideran que la ausencia del mineral podría tener efectos negativos en la salud bucal de la población, especialmente entre niños y comunidades desfavorecidas.
En estados como Hawái, donde la fluoración nunca ha sido obligatoria, se reporta una alta prevalencia de caries entre los niños, lo que refuerza el argumento de quienes defienden el uso del flúor. Sin embargo, figuras como Robert F. Kennedy Jr. han cuestionado los beneficios de esta práctica, avivando el debate sobre la necesidad y seguridad de agregarlo al agua potable.
Otra ley vinculada y firmada por DeSantis en Florida
Además de la ley SB 700, DeSantis firmó también la legislación SB 56, que prohíbe prácticas de modificación climática como la siembra de nubes en el estado. Esta normativa, presentada por la senadora Ileana García, subraya el enfoque de Florida en implementar políticas que, según sus promotores, buscan proteger a sus ciudadanos de intervenciones no consensuadas.
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