Madre peruana pierde custodia de su hija en Madrid tras denunciar violencia de género
La madre, Pamela L.C., había solicitado protección legal, pero fue separada de su hija en un contexto donde se cuestionó su estabilidad emocional, ignorando los antecedentes de violencia de su expareja.
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En la Comunidad de Madrid, un caso generó preocupación entre activistas, especialistas en derecho y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Pamela L.C., una madre peruana que había denunciado en múltiples ocasiones a su expareja por violencia de género, fue despojada de la custodia de su hija. La decisión, ejecutada por el Servicio de Protección a la Infancia, provocó indignación en colectivos feministas, que acusan a la administración regional de haber transgredido derechos fundamentales.
La mujer, residente en Madrid desde hace más de una década, había iniciado un proceso legal para protegerse a sí misma y a su hija menor. Sin embargo, el sistema, en lugar de ampararla, intervino para separarlas. "No entiendo cómo pueden premiar al agresor y castigarme a mí, que solo busco seguridad para mi hija", declaró la madre, visiblemente afectada. El caso pone en entredicho el enfoque institucional frente a la violencia machista y el tratamiento a las mujeres migrantes dentro del sistema judicial español.
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Denuncian en Madrid que juez entregó custodia a padre acusado de violencia
La intervención se produjo tras un informe de los servicios sociales, donde se cuestionaba la "estabilidad emocional" de la madre, pese a los antecedentes de violencia ejercidos por el progenitor. En lugar de ofrecer apoyo psicológico y legal, se optó por una medida drástica: retirar la custodia de la menor y entregarla al padre denunciado. Esta decisión, según varias plataformas de apoyo, viola el principio de interés superior del menor y evidencia una falta de perspectiva de género en las instituciones madrileñas.
La organización "Yo Sí Sanidad Universal" denunció públicamente lo sucedido y calificó el hecho como "una grave negligencia institucional". Según el colectivo, no se aplicaron los protocolos establecidos por la Ley Integral contra la Violencia de Género. "Lo más alarmante es que se ignora el testimonio de la víctima por el simple hecho de ser migrante", denunció una portavoz de la organización. Diversas agrupaciones solicitaron que la Comunidad de Madrid revise con urgencia este tipo de resoluciones judiciales.
Madre migrante pierde custodia en Madrid tras discriminación institucional
Numerosos especialistas coinciden en que la condición de extranjera de la madre peruana influyó en el desenlace del caso. Aunque la ley prohíbe cualquier tipo de discriminación por nacionalidad, en la práctica, las mujeres migrantes enfrentan barreras adicionales en los procesos de protección. "Existe una institucionalización del prejuicio que penaliza a las madres migrantes cuando denuncian violencia", sostuvo la abogada María Eugenia Rodríguez Palop, experta en derechos humanos.
La falta de redes familiares, la precariedad laboral y el desconocimiento del idioma en algunos casos se convierten en factores que complican su acceso a la justicia. En este contexto, la retirada de la custodia no solo representa una sanción, sino también una forma de revictimización institucional. "Este caso refleja una doble violencia: la del agresor y la del sistema que debería protegerla", añadió Rodríguez Palop.
Exigen restitución de custodia y reformas por violencia de género en Madrid
El caso provocó un fuerte eco social, y diversas plataformas iniciaron campañas para exigir la restitución de la custodia a la madre. También se pidió una investigación independiente sobre el proceder de la Comunidad de Madrid. Colectivos feministas convocaron una concentración frente a la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. "No se puede seguir permitiendo que el sistema castigue a las mujeres que se atreven a denunciar", afirmó una representante del movimiento 8M Madrid.
Además, las organizaciones instaron a revisar los protocolos de actuación en casos de violencia de género, particularmente cuando se involucra a familias migrantes. Se solicita una formación obligatoria con enfoque intercultural y de género para los técnicos que evalúan la idoneidad parental. "Queremos un sistema que crea en las mujeres, no que las silencie", concluyó la activista.
