Alcalde de una ciudad de Florida podría vetar proyecto de ley que permite a la policía encarcelar inmigrantes indocumentados en EEUU

En Jacksonville, Florida, se desata un intenso debate por el proyecto de ley Ordinance 2025-0147, que permite encarcelar a inmigrantes indocumentados por hasta 60 días.

Este proyecto de ley, Ordinance 2025-0147, busca reforzar la cooperación local y federal en inmigración. Foto: WUFT
Este proyecto de ley, Ordinance 2025-0147, busca reforzar la cooperación local y federal en inmigración. Foto: WUFT

En el estado de Florida, un reciente proyecto de ley ha desatado un amplio debate entre autoridades locales, líderes políticos y representantes de comunidades migrantes. Una ciudad se ha convertido en el epicentro de esta controversia, tras la aprobación de una ordenanza municipal que busca imponer penas de cárcel a inmigrantes indocumentados, independientemente de las regulaciones estatales y federales ya existentes en Estados Unidos.

La alcaldesa aún no ha firmado la medida, pues considera que podría acarrear repercusiones legales y afectar la imagen de la ciudad. La mandataria ha pedido una revisión exhaustiva del texto legal al equipo de la Oficina del Asesor Jurídico, con el objetivo de determinar su legalidad y evitar consecuencias imprevistas. Mientras tanto, la tensión en el ayuntamiento crece ante lo que algunos consideran un uso político de la inmigración.

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¿En qué ciudad de Florida el alcalde vetaría el proyecto de ley que permite a la policía encarcelar inmigrantes indocumentados?

La ciudad de Jacksonville, ubicada al noreste de Florida, es el escenario de esta polémica legislativa. Allí, el Concejo Municipal aprobó por mayoría el proyecto de ley Ordinance 2025-0147, el cual habilita a las fuerzas del orden locales a arrestar y encarcelar a personas sin estatus migratorio regular por un período de hasta 60 días. La votación terminó con 12 votos a favor y cinco en contra, reflejando una fuerte división política en torno al tratamiento de la inmigración a nivel municipal.

Jacksonville, una de las ciudades más pobladas del estado, ha mantenido históricamente un enfoque más moderado frente a temas migratorios. Sin embargo, este nuevo intento de reforzar la cooperación entre autoridades locales y federales en materia de inmigración ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y algunos concejales que consideran la medida innecesaria y discriminatoria.

¿Por qué la alcaldesa Donna Deegan vetaría el proyecto de ley en Jacksonville?

Donna Deegan ha manifestado públicamente sus reservas frente al proyecto de ley, argumentando que este podría ser redundante en relación con las normas ya vigentes a nivel estatal y nacional en Estados Unidos. Según explicó, la implementación local de leyes migratorias podría generar conflictos legales similares a los ocurridos en Texas, donde algunas disposiciones similares enfrentan litigios federales por presunta inconstitucionalidad.

Además, la alcaldesa teme que esta iniciativa abra la puerta a demandas contra el gobierno local y exponga a Jacksonville a una imagen de hostilidad hacia los inmigrantes. Aunque aseguró que garantizará los fondos para la compra de escáneres biométricos destinados al cuerpo policial, Deegan cuestionó la necesidad de encarcelar a personas indocumentadas bajo normas municipales.

¿Qué medidas contra los inmigrantes establecía el proyecto de ley en Jacksonville?

El proyecto de ley Ordinance 2025-0147 aprobado por el Concejo de Jacksonville incluye una serie de disposiciones dirigidas específicamente contra inmigrantes indocumentados. Entre ellas se encuentran:

  • Permitir que la policía local arreste y encarcele por hasta 60 días a personas sin documentación migratoria válida.
  • Asignar 76.250 dólares provenientes de fondos no utilizados del programa de desarrollo económico para la adquisición de escáneres de huellas digitales.
  • Ordenar a todos los departamentos municipales colaborar con las fuerzas del orden en la aplicación de esta ordenanza migratoria.
  • Aumentar el número de dispositivos biométricos disponibles para la policía, con el objetivo de verificar en campo el estatus migratorio de los detenidos.
  • Rechazar propuestas alternativas que eliminaban las penas de cárcel y enfocaban los recursos únicamente en equipamiento policial.

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