Alerta, inmigrantes en USA: Asamblea Estatal aprueba proyecto de ley que obliga a sheriffs a colaborar con ICE en este estado
Un nuevo debate migratorio surge tras la aprobación de la ley AB 24, que obligará a los sheriffs a verificar el estatus migratorio de detenidos por delitos graves en Estados Unidos.
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Un nuevo debate sobre la migración ha estallado en un estado de Estados Unidos tras la aprobación del proyecto de ley AB 24 por parte de la Asamblea Estatal. Esta normativa impone a los sheriffs la obligación de verificar el estatus migratorio de cualquier individuo arrestado por un delito grave y de informar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si no logran confirmar su ciudadanía.
El proyecto, aprobado por mayoría en una votación dividida por partidos, es parte de una estrategia más amplia para mejorar la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales encargadas de la migración. No obstante, líderes demócratas y grupos defensores de los derechos civiles han expresado su oposición, argumentando que esta legislación genera miedo en las comunidades inmigrantes y pone en peligro la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad locales.
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AB 24: ¿en qué estado de EE.UU. obligarían a sheriffs a colaborar con ICE?
La controvertida legislación AB 24 fue aprobada en el estado de Wisconsin, ubicado en el norte del país. La normativa exige que los sheriffs colaboren directamente con ICE al momento de procesar a personas encarceladas por delitos graves. Esta colaboración incluye verificar la ciudadanía de los detenidos y actuar conforme a las solicitudes de detención y órdenes administrativas que emita el Departamento de Seguridad Nacional, según informó WISN.
La propuesta legislativa intenta imitar medidas ya implementadas en otros estados con normativas similares, bajo el argumento de que esto fortalecería la seguridad pública. Sus impulsores, liderados por el presidente de la Asamblea, Robin Vos, sostienen que es fundamental endurecer la aplicación de las leyes migratorias y prevenir la liberación de individuos potencialmente peligrosos. Sin embargo, esta postura ha recibido fuertes críticas por parte de quienes consideran que estigmatiza a los inmigrantes y debilita la independencia de las autoridades locales.
AB 24: ¿qué medidas y castigos establece el proyecto de ley en Wisconsin?
La ley incluye varias disposiciones clave que cambiarían la relación entre los condados y las autoridades federales. A continuación, se detallan las principales medidas del proyecto AB 24:
- Obliga a los sheriffs a verificar el estatus migratorio de todas las personas detenidas por cargos graves.
- Exige notificar a ICE en caso de que no se pueda confirmar la ciudadanía del detenido.
- Ordena cumplir con detenciones administrativas y solicitudes de retención emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional.
- Requiere que cada condado certifique anualmente su cumplimiento con esta normativa.
- Impone una penalización del 15% sobre los fondos estatales compartidos a los condados que no obedezcan la ley.
Estas sanciones económicas representan una presión directa sobre los gobiernos locales, muchos de los cuales ya enfrentan restricciones presupuestarias. Asimismo, la obligación de actuar como intermediarios del sistema migratorio federal podría desviar recursos y atención de tareas relacionadas con la seguridad pública local.
Estados Unidos: ¿qué dijo el gobernador de Wisconsin sobre el proyecto de ley AB 24?
El gobernador demócrata Tony Evers ha dejado en claro que no firmará el proyecto de ley AB 24, lo que pone en duda su aplicación inmediata. En una declaración pública, Evers señaló que esta legislación “elimina el control local, incrementa el temor hacia las autoridades y desvía recursos que deberían enfocarse en combatir el crimen violento y atender otras necesidades prioritarias de las comunidades”.
El rechazo del gobernador se alinea con las críticas de los legisladores demócratas, quienes calificaron el proyecto como un intento de replicar las políticas migratorias de Donald Trump a nivel estatal. El representante Ryan Clancy, por ejemplo, sostuvo que la medida “rompe familias y alimenta una campaña de intimidación contra los inmigrantes y refugiados”.
