Proyecto de ley HB 811 responsabilizaría a organizaciones benéficas si albergan a un inmigrante que comete un delito en este estado de EEUU
Una nueva iniciativa legislativa busca responsabilizar a organizaciones benéficas si un inmigrante bajo su resguardo incurre en un delito. El proyecto de ley HB 811 ha generado controversia en Estados Unidos.
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Una propuesta presentada en la legislatura de un estado está generando un amplio debate sobre el papel de las organizaciones benéficas frente a la ley migratoria. El proyecto de ley HB 811, impulsado por legisladores republicanos, plantea que organizaciones benéficas puedan ser legalmente responsables si hospedan a un inmigrante en situación irregular que luego comete un delito. Esta medida, de ser aprobada, representaría un cambio drástico en la relación entre la asistencia humanitaria y la legislación migratoria en Estados Unidos.
La legislación apunta directamente a aquellas organizaciones que, con conocimiento de la condición migratoria de una persona, deciden ofrecerle alojamiento. De acuerdo con la propuesta, si ese inmigrante incurre en una conducta delictiva y se demuestra que la institución actuó con negligencia o mala conducta al proporcionarle refugio, entonces podría ser demandada civilmente por las víctimas. Este planteamiento ha despertado críticas desde distintos sectores sociales y religiosos que ven en el proyecto un intento de penalizar la ayuda humanitaria.
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HB 811: ¿en qué estado de Estados Unidos responsabilizarían a las organizaciones benéficas que alberguen a un inmigrante que cometa un delito?
El proyecto de ley HB 811 se discute actualmente en el estado de Tennessee, al sur de Estados Unidos. La medida fue presentada por el senador Brent Taylor y el representante Rusty Grills, ambos miembros del Partido Republicano. Aunque todavía se encuentra en etapa de evaluación legislativa, ha generado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en el comunitario, especialmente entre quienes lideran iniciativas de ayuda a personas en situación vulnerable.
Tennessee no ha adoptado políticas de “ciudad santuario”, pero muchas organizaciones benéficas en el estado, en especial en ciudades como Nashville, han actuado históricamente como redes de apoyo para personas sin hogar, incluidos inmigrantes. Este nuevo enfoque legal pondría en riesgo su capacidad de operar libremente y podría disuadir a varias instituciones religiosas y humanitarias de brindar refugio por temor a repercusiones legales.
¿A quiénes afecta el proyecto de ley HB 811 en Tennessee?
El alcance de la iniciativa no se limita a un tipo específico de institución. El proyecto de ley HB 811 contempla aplicar sanciones civiles a cualquier entidad benéfica, como iglesias, albergues o centros de ayuda comunitaria, que ofrezcan vivienda a inmigrantes sin estatus legal. Si uno de esos beneficiarios incurre en actos delictivos, la organización que lo acogió podría ser considerada legalmente responsable si se comprueba negligencia o falta grave en su conducta.
Líderes religiosos como el reverendo Enoch Fuzz, pastor de la Corinthian Missionary Baptist Church en Nashville, han manifestado su rechazo a esta iniciativa. En sus declaraciones, sostuvo que la responsabilidad penal debe recaer únicamente sobre quien comete el delito, no sobre terceros que actúan por razones humanitarias. También indicó que su iglesia continuará ayudando a quienes lo necesiten, independientemente de su estatus migratorio.
Por su parte, representantes de centros como Nashville Rescue Mission advirtieron que este tipo de leyes podrían afectar gravemente su labor, al imponerles una carga legal injusta y desviar sus recursos hacia la defensa jurídica, en lugar de enfocarse en la asistencia a personas necesitadas.
¿Cuál es la posición de quienes proponen el proyecto de ley HB 811 en Tennessee?
Los promotores del HB 811 argumentan que la legislación no busca castigar a las organizaciones benéficas, sino establecer límites para evitar que se conviertan en refugios de personas que podrían representar un peligro. El representante Grills explicó que el objetivo es “disuadir la actividad delictiva” y garantizar que las entidades actúen con responsabilidad al decidir a quién brindan alojamiento.
También aclaró que se planea añadir enmiendas al texto para afinar los términos y evitar malinterpretaciones, indicando que el propósito no es criminalizar la asistencia temporal a personas sin hogar, sino actuar contra casos de negligencia evidente.
