Seguridad Social: nueva regla obligará a ciudadanos a acudir a las oficinas para cumplir con los requisitos

La Administración de la Seguridad Social anunció un cambio significativo en los procedimientos para solicitar beneficios. A partir de finales de marzo, las personas que no logren probar su identidad en línea tendrán que acudir a una oficina de campo para completar sus trámites.

Los beneficiarios no podrán modificar su información bancaria por teléfono, lo que afectará a millones de usuarios que dependen de los servicios de la agencia.

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¿Cuáles son las nuevas leyes antifraude de la Seguridad Social?

La principal medida consiste en exigir una verificación de identidad en persona para quienes no puedan completar este trámite de forma digital. Además, se prohíbe que los beneficiarios cambien su información bancaria a través de llamadas telefónicas, debiendo hacerlo por medio de su cuenta en línea "mi Seguridad Social". Estas nuevas reglas entrarán en vigor el 31 de marzo y el 29 de marzo, respectivamente, y tienen como objetivo reducir el fraude y mejorar la seguridad del sistema.

El cambio se produce en medio de un enfoque creciente sobre el fraude dentro de la agencia, con investigaciones que apuntan a mejorar la protección de los registros de los ciudadanos. No obstante, la implementación de estas medidas podría aumentar los tiempos de espera y generar desafíos operativos, ya que millones de personas deberán acudir a las oficinas físicas, lo que impactará en el flujo de trabajo de la agencia.

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¿Cómo afectarán las nuevas reglas antifraude de la Seguridad Social a las personas que no puedan verificar su identidad en línea?

Las personas que no puedan realizar la verificación de identidad en línea se verán obligadas a visitar una oficina de la Seguridad Social para completar su solicitud de beneficios. Esto incrementará significativamente la cantidad de personas que deben acudir a las oficinas, lo que podría derivar en largas filas y tiempos de espera aún mayores. La medida afectará especialmente a las poblaciones más vulnerables, como los ancianos y personas con discapacidades, quienes pueden tener dificultades para acceder a los servicios digitales.

Además, la exigencia de asistir a las oficinas físicas podría generar inconvenientes para quienes viven en áreas rurales o no tienen acceso fácil a transporte. Expertos han señalado que la medida podría retrasar el acceso a los beneficios y aumentar la carga sobre un sistema ya afectado por la reducción de personal y el cierre de oficinas en algunas regiones.