Dos tercios de los ingleses son favorables a la muerte asistida ante futuro proyecto de ley laborista
Casi dos tercios de los ingleses y galeses apoyan la asistencia médica para morir en enfermos terminales, según una reciente encuesta del Policy Institute y CLADD del King's College.
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Casi dos tercios de ingleses y galeses son favorables a la asistencia médica para morir en los adultos con enfermedades terminales, según una encuesta publicada el viernes pocos días antes de la presentación de un proyecto de ley laborista al respecto.
Un parlamentario laborista presentará el miércoles en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley, que se debatirá en noviembre y del que se desconocen los detalles, que otorgará el derecho a poner fin a sus vidas a los adultos que padezcan una enfermedad incurable.
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Según un sondeo realizado en septiembre a unos 2.000 personas por el Policy Institute y el grupo Complex Life and Death Decisions (CLADD) del King's College de Londres, el 63% de los encuestados apoya la legalización en los próximos cinco años de la asistencia médica para morir.
Un 17% de las personas consultadas afirmó no tener opinión sobre el tema, mientras que el 20% restante mostró su oposición a la muerte asistida.
Las personas que se oponen mencionan entre las causas de su rechazo el temor de que los pacientes vulnerables se sientan obligados a poner fin a sus vidas por falta de una atención adecuada o por dejar de ser una carga para sus seres queridos.
La eutanasia es ilegal en el Reino Unido y conlleva una pena de 14 años de prisión en caso de ayuda o incitación.
El cardenal Vincent Nichols, jefe de la Iglesia católica en el Reino Unido, animó a los creyentes a escribir a su parlamentario para oponerse al proyecto de ley.
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"El cambio radical en la ley que ahora se propone corre el riesgo de provocar para todos los profesionales médicos un lento cambio del deber de cuidar al deber de matar", escribió Nichols en una carta pastoral a las iglesias de su diócesis.
Un proyecto de ley anterior sobre la muerte asistida fue rechazado por la Cámara de los Comunes en 2015.
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