Colombia pide a Corte IDH actuar ante investigación de ente electoral contra Petro
El viceministro Jorge Rojas anunció que se han solicitado medidas provisionales para el mandatario, quien enfrenta un proceso por supuestas irregularidades en gastos de campaña.
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La Cancillería de Colombia solicitó este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) proteger al presidente Gustavo Petro ante una investigación en su contra de la autoridad electoral, que el gobierno considera un "golpe de Estado".
"Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano presidente Gustavo Petro", dijo en una declaración a medios Jorge Rojas, viceministro de Relaciones Exteriores.
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Al otorgar medidas cauterales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos insta a los "Estados a que defiendan a personas o colectivos de una situación grave y urgente".
El martes, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron abrir una investigación contra Petro y los jefes de su campaña presidencial de 2022 por exceder los gastos que permite la ley.
Según el anuncio, el gobernante y sus aliados no reportaron gastos de propaganda electoral ni aportes de algunos sindicatos.
La apertura de la investigación generó un terremoto político, pues el mandatario asegura que ese organismo administrativo no tiene facultades para investigarlo, por lo que se inició un "golpe de Estado".
Petro, el primer izquierdista que gobierna Colombia, llamó a sus seguidores a "defender" la democracia en las calles.
Ante un caso sin precedentes, algunos expertos consideran que el CNE puede remitir la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.
Allí, explicó a la AFP el congresista derechista Hernán Cadavid, podría darse un juicio político.
No es la primera vez que Petro acude a esta protección. En 2013 el economista y exguerrillero fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado por 15 años.
La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar a los funcionarios públicos, lo acusó de haber actuado con dolo al reformar el sistema de recolección de basuras en la ciudad.
Pero a los pocos meses recibió medidas cautelares de la CIDH, por lo que un tribunal de la capital falló a favor de restituirlo como alcalde.
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