Colombia y Perú fracasan en protección de derechos de mujeres venezolanas, según Amnistía Internacional
Urgentes medidas a tomar. Ambos países albergan en conjunto al 50% de los venezolanos que huyeron del país petrolero durante los años recientes, según AI.
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Colombia y Perú, principales destinos para refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, están fracasando en la protección del derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres provenientes del país caribeño, señaló un informe de Amnistía Internacional (AI).
“En Perú y Colombia sí existen sistemas y normativas que protejan a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. En el caso particular de las mujeres venezolanas, no se aplica (...). Y al final del día sus derechos están siendo violados”, explicó Clara del Campo, encargada de campañas de AI.
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“Desprotegidas: violencia de género contra mujeres venezolanas refugiadas en Colombia y Perú”, se tituló la investigación de AI. En el informe se indica que, según datos oficiales, en Colombia, entre 2018 y 2020, la violencia de género contra mujeres venezolanas escaló un 71%. En tanto, en Perú, entre 2019 y 2020, se incrementó a 31%.
“La pandemia en la sombra en América Latina”, fue como definió Naciones Unidas a la situación que cientos de mujeres migrantes y refugiadas venezolanas tienen que afrontar.
La mayor vulnerabilidad de este grupo se debe a la combinación del estatus migratorio, la xenofobia, los roles de género preestablecidos socialmente y los estereotipos de hipersexualización hacia estas mujeres, de acuerdo a AI.
Foto: EFE
Violencia omnipresente
Las mujeres representan el 50% y el 58% de la población venezolana residente en Colombia y Perú, respectivamente. Este dato no es menor, tomando en cuenta la violencia que se afronta en los espacios públicos como en rutas migratorias y lugares de acogida; en el ambiente familiar (a través de la violencia económica, patrimonial, física y sexual); y en el entorno laboral (donde sufren explotación y explotación sexual), señala el estudio.
“Es una violencia omnipresente en todos los espacios de sus vidas”, sentencia Del Campo. “Las violencias y la discriminación las siguen por toda la ruta migratoria”, indica.
Asimismo, en los pasos fronterizos irregulares, las mujeres están expuestas “a muchas formas de violencia. Desde violencia física, hurtos, extorsiones y captación de trata para fines de trabajo o explotación sexual, que incluso puede incluir a sus propios hijos”.
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Desprotección estatal
Sobre Colombia y Perú, la investigación revela múltiples fallas. En principio, el estudio señala la falta de acceso efectivo a la protección internacional y a los procesos de regularización migratoria. Dicho vacío sería un primer y “significativo” obstáculo.
Y, por si fuera poco, se denuncia la poca o nula disponibilidad de albergues que son para sobrevivientes de violencia, y de garantías para acceder a la justicia y a los servicios de salud sin discriminación.
La carencia de la regulación migratoria provoca que las mujeres migrantes y refugiadas tengan “la percepción de que no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por tanto, no puedan exigir su cumplimiento ante las instituciones”, ya que, si lo hacen, “correrían el riesgo de ser deportadas a su país”.
Además, se añade la falta de acceso a la información de rutas y atención a las víctimas de violencia de género.
Sobre esto, Del Campo señaló que no existe “ningún motivo legal por el cual una mujer sobreviviente de violencia basada en género no pueda realizar una denuncia”. Ya que, según menciona, cuestiones como la nacionalidad, identidad de género, orientación sexual o calidad migratoria no serían impedimentos.
Medidas urgentes a tomar
Finalmente, el informe concluye que, aunque Colombia y Perú albergan alrededor del 50% de personas que huyeron de Venezuela, “claramente no cumplen con su obligación” de garantizar una vida libre de violencia y discriminación a las mujeres venezolanas.
“El problema no es tanto en la ley, sino en la práctica. En la arbitrariedad en la que funcionan las personas funcionarias”, reitera Del Campo.
En ese sentido, urge que las autoridades encargadas de ambos países adopten “medidas inmediatas” para revertir el panorama actual y asegurar el acceso de estas mujeres a la protección internacional y a la justicia.
Con información de EFE.
