Quebec impulsa impuesto para los no vacunados contra la COVID-19
La ciudad canadiense se suma a la lista de lugares que están imponiendo un costo monetario por negarse a recibir la inmunización.
El primer ministro de la provincia canadiense de Quebec, François Legault, anunció la creación de una impuesto que será cobrado a las personas que han decidido no vacunarse contra la COVID-19 sin tener motivo para ello. El monto aún no ha sido fijado, pero será “significativo”. Según las cifras oficiales, el 10% de la población que todavía no está vacunada contra el virus supone el 50% de las personas que están en las UCI por coronavirus.
Legault ha señalado que su decisión está basada no solo en términos de coste económico sino, también, de justicia social, ya que “es de justicia para el 90% de la población que ha hecho sacrificios (al vacunarse)”. El primer ministro provincial no aclaró el destino de los fondos que se obtengan del gravamen.
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¿Qué otros países están aplicando estas políticas para los antivacunas?
En Austria, los mayores de 14 años residentes estarán obligados a partir de febrero próximo a vacunarse. Aquellos que no lo hagan tendrán que pagar una multa de 600 euros (unos US$ 680). De negarse, se iniciaría un proceso que puede terminar con una sanción de hasta 3.600 euros, aunque el importe se ajustará al nivel de ingresos de la persona afectada.
Asimismo, en Grecia el Gobierno está haciendo que las vacunas sean obligatorias para todos los mayores de 60 años. Quienes se rehúsen a vacunarse pagarán una multa de 100 euros (US$ 113) cada mes que no reciban una vacuna, y los fondos se destinarán a los servicios hospitalarios. En el país europeo, solo 60.000 de las 580.000 personas mayores de 60 años no vacunadas recibieron la vacuna en noviembre.
Por otro lado, en Italia los mayores de 50 años no vacunados serán multados también con 100 euros y quienes intenten ir a trabajar sin haber recibido la inmunización tendrán sanciones de entre 600 y 1.500 euros, mientras que por acceder a las tiendas sin al menos presentar una prueba anticovid habrá que pagar hasta 1.000 euros, según las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno.
