Movimiento #MeToo en China persiste pese a censuras y peligros de denunciar la violencia de género

La censura, amedrentamiento y los numerosos obstáculos legales a los que se enfrentan las denunciantes frenan considerablemente el movimiento #MeToo en China, que sigue siendo un país profundamente machista y patriarcal. A principios de noviembre, por primera vez, el fenómeno apuntó a las altas esferas del poder político cuando la estrella de tenis Peng Shuai, de 35 años, denunció que el exviceministro chino Zhang Gaoli, un poderoso exresponsable del Partido Comunista, la agredió sexualmente.

Su mensaje, publicado en la red social china Weibo —el equivalente a Twitter en el país asiático—, fue rápidamente censurado. Desde la denuncia, la jugadora no ha sido vista en público. Ante ello, la ONU y Estados Unidos reclamaron a China pruebas de su paradero el viernes 19 de noviembre. Como ella, muchas mujeres chinas que decidieron alzar la voz han visto cómo los hechos se vuelven en su contra.

El movimiento mundial contra la violencia hacia las mujeres #MeToo apareció en China en 2018, luego de que un grupo de féminas denunciaran casos de acoso sexual por parte de profesores universitarios. La reacción de las autoridades fue bloquear de inmediato la etiqueta #MeToo, así como otras palabras clave relacionadas con el movimiento. El temor era no poder controlar esta ola feminista a gran escala.

Pero los peligros que viven las chinas no son recientes. La Policía suele detener a conocidas activistas feministas, como en el caso de Sophia Huang Xueqin, arrestada en septiembre por “incitación a la subversión de Estado”, según Reporteros Sin Fronteras.

Aunque el presidente chino Xi Jinping insiste en el papel de las mujeres en el “desarrollo” y el “progreso social”, su ausencia en puestos clave del Gobierno es evidente: entre los 25 miembros del Comité Central del Partido Comunista solo hay una mujer.

Y aunque el año pasado se aprobó una nueva ley para aclarar el concepto de acoso sexual, las denunciantes siguen topándose con grandes obstáculos. “Siempre tienes que demostrar que eres honesta (...) y que no estás utilizando este asunto para ponerte por delante de otros”, dijo a la AFP, bajo condición de anonimato, una mujer que denunció una conducta sexual inapropiada hacia ella. Al contrario, para el acusado “es realmente muy sencillo” porque “puede simplemente negarlo y no necesita demostrar su inocencia”, dijo.

Los casos llevados a los tribunales suelen ser desestimados y, la mayoría de veces, el acusado presenta una denuncia por difamación.

Un ejemplo es el de Wang Qi, una trabajadora de la ONG WWF que denunció en internet el acoso por parte de su jefe en numerosas ocasiones. En 2018, fue demandada por difamación y condenada por un tribunal a pedir disculpas. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes y que podía haber “difundido mentiras”.

Los tribunales exigen a las presuntas víctimas que presenten pruebas mucho más sólidas que las aportadas por los acusados. Según un estudio de la facultad de Derecho de Yale publicado en mayo, se suelen descartar los testimonios de familiares, amigos y colegas. Los investigadores advierten que esto desanima a “los empleadores o las víctimas (...) porque saben que se arriesgan a ser demandados y a tener que cumplir con una pesada demostración de pruebas”.

Las mujeres que denuncian acoso y agresiones sexuales también se enfrentan a ataques personales. Después de que el famoso periodista Zhang Wen fuese acusado de violación por una escritora anónima en 2018, otras mujeres lo acusaron de acoso sexual. Zhang trató entonces de desacreditarlas en internet, acusándolas de beber y de frecuentar muchos hombres, como si estas fueran excusas para validar la violencia de género.

Sin embargo, cuando sirve para su interés, el Gobierno chino deja circular las acusaciones. En el verano de 2021, una empleada del gigante del comercio electrónico Alibaba acusó a su jefe y a un cliente de agresión sexual. El caso fue ampliamente cubierto y comentado por los medios de comunicación.

La empresa, en el punto de mira de las autoridades, despidió al director y se comprometió a combatir el problema de acoso. Sin embargo, una vez pasado el escándalo, la Policía cerró el caso y alegó que el acto de “indecencia forzada” del gerente no era delito.