Farmacéuticas que venden vacuna a Chile están protegidas de responsabilidades
Los vacunados que sufran un impacto negativo en su salud o incluso fallezcan, la persona o la familia tendrán que demandar al Estado porque los laboratorios no se harán cargo.
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El Gobierno de Chile firmó contratos en los protege legalmente a los laboratorios que desarrollan vacunas contra la COVID-19 de un eventual riesgo sanitario al que podrían exponerse las personas inoculadas, informa La Tercera.
Es decir, si un vacunado sufre un impacto negativo en su salud o incluso fallezca, el individuo afectado o su familia no conseguirán que las farmacéuticas respondan ante acciones legales, por lo que tendrán que demandar al Estado, ya que fue el Gobierno quien autorizó el uso de la vacuna.
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Según el diario chileno, el Gobierno de Sebastián Piñera sostuvo que esas eran las únicas condiciones en que se han podido negociar millones de dosis bajo la presión de administrar lo más pronto posible y a un precio moderado. “No hubo alternativa”, aseguraron desde la Presidencia.
Bajo estas condiciones, Chile cerró el contrato de compra de 4 millones de dosis a AstraZeneca el 19 de noviembre, asumiendo por su cuenta “los costos legales razonables […] por fallecimiento, daño físico, mental, incapacidad o condición, temor de los anteriores, daños o perjuicios a terceros de sus bienes, y la interrupción de negocios de la parte dañada o una persona relacionada con dicha persona dañada […] relacionados con o que surjan del uso o la administración de la vacuna enviada o asignada a su lugar”.
El gobierno de Chile firmó contratos en los protege legalmente a los laboratorios que desarrollan vacunas contra la COVID-19, de un eventual riesgo sanitario. Foto: AFP
Desde la presidencia señalaron que el contrato con AstraZeneca “es idéntico o muy similar en todos los contratos con laboratorios, y según quienes han visto los firmados con Pfizer y Janssen, así son”. También es similar al contrato de compra de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac Biotech, sostiene el medio.
El diario recalcó que se consultó con gobiernos de la Unión Europea y América Latina, y se descubrió que los “términos son los mismos, no hay opción”, para cambiar las condiciones, sostuvieron.
