Ley Antibloqueo de Maduro: la “licencia para delinquir” que fragmenta al chavismo en Venezuela
Con la Ley Antibloqueo aprobada en Venezuela, Nicolás Maduro toma poderes excepcionales en materia económica. Ahora está planteada una posible privatización de empresas.
Pocos países en el mundo llevan tantos años de crisis como Venezuela. El cuestionado mandatario venezolano Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, sostiene que las malas finanzas se deben al paquete de sanciones de Estados Unidos, reforzado por Donald Trump.
Ante esto, presentó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano que rige con poderes absolutos y no es reconocida por gran parte de la comunidad internacional.
El pasado 8 de octubre, la oficialista ANC aprobó este instrumento, que inmediatamente fue desconocido por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que lidera Juan Guaidó, identificado por casi 60 países como presidente encargado de Venezuela.
La consideran inconstitucional por no haber sido ratificada por la AN, tal como lo ordena el artículo 202 de la Constitución venezolana. De “bodrio jurídico” la calificó el diputado Alfonso Marquina.
Lluvia de críticas
Durante un foro virtual sobre la Ley Antibloqueo, al que tuvo acceso La República, el jefe de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento lanzó duras acusaciones e indicó que no se trata de sanciones, sino de un mal manejo de la economía por parte de Maduro.
“Esta es una licencia para delinquir, esta es un autorización para saquear al país, pero además envestida con un manto de confidencialidad, en la cual ellos pueden hacer lo que le venga en gana [...], sin tener que rendirle cuentas ni al pueblo de Venezuela ni a la AN, ni a ningún poder constituido”, dijo Marquina.
En ese sentido, el economista y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, precisó que el artículo 18 de la Ley Antibloqueo “autoriza un manejo separado de la tesorería nacional de los ingresos que van a tener”; es decir, “si son ingresos ordinarios, no los van a declarar, los van a manejar discrecionalmente”.
“No llevarán los ingresos para ser declarados como créditos adicionales y colocarlos en el presupuesto de la nación, como está previsto en el régimen presupuestario”, deploró Cabezas, quien fue ministro durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013).
Aseguró que, hasta el 2013, se declaraban los ingresos ordinarios ante la Asamblea Nacional, pero desde que Maduro llegó al poder tras ganar por estrecho margen las elecciones presidenciales en ese año, hubo una “tragedia fiscal”.
Ley controversial
Este nuevo reglamento garantiza “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, de manera que le permite a Maduro concretar negocios y desaplicar normas legales, con lo cual pretende esquivar las limitaciones impuestas por Estados Unidos y otros países.
“La riqueza se va a invertir en la innovación y ciencia, en la recuperación de servicios públicos, en medicinas, tecnología y todos los ámbitos del país”, aseveró Maduro el domingo 11 de octubre durante una cadena obligatoria de radio y televisión.
Desde el Palacio de Miraflores, enfatizó que cuenta con “un portafolio de nuevas alianzas y nuevos proyectos de inversión productiva”. Precisamente esta Ley Antibloqueo establece, entre otras cosas, que activos del Estado “podrán ser objeto de alianzas” con privados.
En Venezuela ya se habla de privatización, una palabra vetada dentro del lenguaje chavista. No obstante, algunos integrantes de la oficialista ANC se rebelaron ante esta legislación e, incluso, la calificaron de “burguesa”.
“La Ley Antibloqueo busca sobreponer los intereses de las empresas trasnacionales por encima de los intereses del pueblo”, afirmó Régulo Reina, del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en el programa ‘online’ Vladimir a la Carta.
Reina fue uno de los constituyentes (junto a María Alejandra Díaz, Juan Carlos Flores, y Telémaco Figueroa) que anunciaron públicamente su voto salvado al momento de la aprobación de la polémica ley.
De ese grupúsculo, solo Díaz recibió la logística para asistir al Palacio Federal Legislativo y así poder votar. “Se está imponiendo una corriente que es parte de la derecha infiltrada que no mide consecuencias de sus acciones”, sostuvo Figueroa.
Venezuela sin controles
“Pudieran privatizar un puerto, un aeropuerto y en teoría no conocerse”, advirtió Cabezas, profesor universitario. “Hay que hacerle un llamado a los posibles inversionistas que esto es totalmente ilegal, que la República no tiene responsabilidad en el futuro con este acto totalmente arbitrario”.
Por su parte, el abogado constitucional Juan Raffalli indicó que “esta ley permitiría volver a un proceso de privatizaciones, pero con los aliados y secuaces de quienes están ejerciendo el poder ejecutivo y librados de cualquier atadura legal”.
Preguntado por este diario sobre qué rol juegan los aliados de Maduro, el exministro durante la época de Chávez precisó: “Pudieran tener bajo el secretismo algún acuerdo con sectores privados de Rusia y Turquía, pudiera ser que esté planteado un rol de negociación para darles participación en empresas mixtas”.
“A la larga, esto puede terminar en actos de corrupción, que no prescriben, que además cuando son lesivos del patrimonio público implican agravantes”, alertó Raffalli.
División chavista
Aunque Cabezas lleva años distanciado del chavismo, así como el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien también arremetió contra la Ley Antibloqueo, el bloque izquierdista ha mostrado fragmentación desde aquel 8 de octubre.
El Buró Político del PCV, una agrupación surgida en 1931, se expresó mediante un comunicado antes de que se aceptara la norma. Abogó por “una acción política coherente con la defensa de la soberanía y el desarrollo de las capacidades productivas propias del país”.
“No es realmente una ley antibloqueo, su fin tampoco es proteger los intereses nacionales y al pueblo venezolano de los nefastos efectos de las sanciones imperialistas”. En su opinión, se “pretende justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del capital”.
Sumado a esto, el escritor e historiador Luis Britto García, un intelectual que respaldó a Chávez y ahora a Maduro, afirmó que prefiere confiar en esta normativa, pero reconoció que “muchos de los problemas de Venezuela se deben a que no se efectuó un control oportuno y eficaz en el momento”.
La Ley Antibloqueo exime a Maduro de contraloría. Sin mencionarlo, señaló en el programa Aquí con Ernesto Villegas que "es importante crear una cultura del control, porque la cosa pública no está allí para disponer de ella como parezca conveniente, al capricho de quien la esté manejando”.
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