La crisis de salud en Venezuela agrava el riesgo de contagio en la región

Washington

La absoluta falta de preparación del sistema de salud de Venezuela para la llegada de la pandemia de Covid-19 agudiza el riesgo para la salud de sus ciudadanos y podría contribuir a una propagación regional de la enfermedad, señalaron hoy Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins.

Es fundamental asegurar que llegue suficiente ayuda humanitaria al pueblo venezolano de manera urgente.

Al 25 de mayo de 2020, en Venezuela había 1.121 casos confirmados de Covid-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial.

Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas generalizados para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país. El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela.

Acciones claves

El secretario general de la ONU, António Guterres, y el coordinador del socorro de emergencia de la ONU, Mark Lowcock, deben asumir el liderazgo sobre este tema.

Los miembros del Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea deben ejercer presión sobre las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro para que permitan de inmediato la llegada de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por la ONU, orientada a prevenir una propagación catastrófica de la Covid-19 en el país, expresaron Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins.

Es crucial que los gobiernos preocupados por la situación venezolana despoliticen la asistencia humanitaria y que el gobierno de EEUU se asegure de que las sanciones vigentes no agraven la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios.

Graves resultados

En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas detalladas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Todos los hospitales, salvo uno, brindaban atención de alta complejidad.

Las organizaciones también llevaron a cabo entrevistas de seguimiento a algunos profesionales de la salud, y otras a actores humanitarios y expertos en sanciones entre marzo y mayo de 2020.

Las conclusiones de la investigación, que se realizó en parte antes de la pandemia, demuestran que el sistema de salud venezolano es particularmente precario y no tiene las condiciones para lidiar con la Covid-19.

Los profesionales médicos y de enfermería entrevistados dijeron que prácticamente no hay jabón ni desinfectante en sus clínicas y hospitales. Con el aumento de la inflación y la devaluación de los salarios, cada vez les resulta más difícil llevar sus propios insumos, tales como jeringas o guantes.

Es común que los cortes de agua afecten a los hospitales de Caracas. En algunos hospitales en zonas remotas, los cortes de agua han durado semanas e, incluso, meses. Los pacientes y el personal de la salud se ven obligados a llevar su propia agua para consumo, para lavarse las manos antes y después de procedimientos médicos, para limpiar insumos quirúrgicos y, a veces, para descargar los inodoros.

Amenazas del régimen

Las autoridades venezolanas han adoptado algunas medidas para, en teoría, intentar responder a la pandemia. El 13 de marzo el gobierno declaró el estado de emergencia y el 17 de ese mes dispuso una cuarentena en todo el territorio nacional. Quienes hacen que se cumpla con la cuarentena son la policía, incluyendo una fuerza especial llamada FAES implicada en el pasado en ejecuciones extrajudiciales, las Fuerzas Armadas y grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” en Venezuela.

La negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia. También contribuye a la pobre respuesta estatal el hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la Covid-19.

Además, las autoridades continúan sin asumir su responsabilidad por el colapso del sistema de salud, atribuyéndole absoluta responsabilidad a las sanciones estadounidenses cuando el desastre humanitario en Venezuela es previo a las sanciones. “Para contribuir a una respuesta efectiva a la Covid-19 en Venezuela, los gobiernos preocupados por la situación venezolana deberían financiar las iniciativas humanitarias de la ONU que aseguren que la ayuda se distribuya de manera apolítica”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero para que la ayuda llegue efectivamente al pueblo venezolano, la máxima responsabilidad recae en las autoridades que responden a Maduro, por ello hay que presionarlas para que le garanticen pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos y permitan que los actores humanitarios y médicos puedan trabajar sin temor a represalias”.

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