Policías que filtraron las fotos del asesinato de Ingrid Escamilla continúan prestando servicios
Las autoridades mexicanas dieron a conocer que informaran detalles del caso cuando finalicen sus labores.
Después del escalofriante crimen que vivió México por el asesinato de la joven Ingrid Escamilla, las investigaciones del caso aún continúan, pues fueron seis los policías que vienen siendo cuestionados por filtrar las fotografías del cuerpo de la joven en el momento del asesinato.
Recordemos que Ingrid, una joven de 25 años fue asesinada y desollada por su pareja el pasado 9 de febrero.
Asimismo, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció que los efectivos continúan prestando servicios a pesar de la grave falta que cometieron.
Durante una conferencia de prensa, Lara López, explicó que los policías aún permanecen en la integración de la carpeta de investigación por la filtración, cuyos resultados se darán a conocer una vez que la Fiscalía para la Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos los comparta con la FGJ.
Además, dijo que hasta que finalice las investigaciones recién se va a decidir si son o no retirados del cargo.
"Lo que tenemos de investigación respecto a los actores que estuvieron en el caso de Ingrid está integrándose, se está trabajando. No lo podemos hacer con la nueva reforma. Esperemos que se apruebe, que se puedan trabajar, pero no es retroactiva", declaró.
El pasado 14 de febrero, la fiscal general Ernestina Godoy, presentó ante el Congreso local una propuesta de reforma al Código Penal para castigar a quienes filtren información e imágenes relacionadas con alguna investigación criminal.
De ser aprobada la iniciativa la Fiscalía tendrá mayor capacidad para resolver futuros casos de sanción a servidores públicos que cometan actos indebidos.
PUEDES VER México ya se encuentra incluido en la lista de Google Maps de países con presencia de coronavirus
Esta iniciativa modificaría el art. 293, donde se adicionarían aspectos que puedan permitir actuar con mayor rigidez contra aquellos que publiquen información y datos de investigaciones en curso.