La usurpación

Bolivia se asoma a un baño de sangre mientras el país convierte su polarización en una gigantesca brecha. El Gobierno de Jeanine Áñez, cuyo principal propósito debería ser la convocatoria de elecciones, se comporta como un régimen elegido en las urnas y aplica un programa ultraconservador de gobierno que solo ha impulsado más violencia.

En pocos días, Áñez ha cambiado el 80% de los embajadores bolivianos en el exterior, ha expulsado a trabajadores cooperantes, decretado amnistías e iniciado el cambio de las políticas públicas. Al mismo tiempo, ejerce una dura represión de las protestas de los seguidores del hasta hace poco Gobierno de Evo Morales, autorizando el uso brutal de la fuerza a los militares y a la Policía. Una parte del país movilizado es enfrentado con enormes costos personales y sociales.

El Gobierno de Áñez ha usurpado la transición boliviana, deformando el sentido de las movilizaciones contra el fraude electoral del 20 de octubre que intentaba la cuarta elección de Morales. Esa movilización no pretendía la revancha ni la restauración de la política a los niveles del año 2005. Tampoco implicaba una guerra católica religiosa contra los símbolos históricos de ese país para dividir más a los bolivianos.

En pocos días, el nuevo Gobierno está agotando los pocos mecanismos institucionales que quedaban, y ahora mismo está en duda su capacidad no solo para generar el diálogo sino para gobernar una nación que ya siente la falta de gas en varias ciudades y la escasez de productos de primera necesidad.

Tienen sentido los últimos movimientos de La Conferencia Episcopal Boliviana, las Naciones Unidas y la Unión Europea que buscan establecer una fórmula de mediación con la participación del Gobierno, el partido oficialista que representa al anterior Gobierno y las distintas versiones de la sociedad civil para alcanzar un acuerdo que permita renovar el Tribunal Electoral y convocar a elecciones en un breve plazo. Mientras que el afán principal de los actores de la crisis no sea la convocatoria a nuevas elecciones libres y transparentes, sin violencia y coacción, la actual situación no entrará en una etapa de solución. De cualquier acuerdo no puede ser excluido el Congreso, organismo en funciones que representa a los ciudadanos y cuya legitimidad nadie ha negado.

En tanto, la comunidad internacional debe permanecer alerta para que el clima de violencia y represión no escale y cobre más vidas. En ese punto también el nuevo Gobierno no puede desoír sus obligaciones de proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los bolivianos.