Según el Tribunal Supremo de España, la integridad de la mujer forma parte de la seguridad pública. No cumplir estas leyes puede derivar en la restricción del libre tránsito.,Un hombre de nacionalidad belga condenado por violencia de género y maltrato fue expulsado de España. El Tribunal Supremo de dicho país rechazó el recurso que alega arraigo familiar, pues en ese ámbito se ejerció el daño. La medida adoptada en España indica que la integridad física de la mujer "es objeto de especial protección" dentro de las leyes española, por lo que la Delegación del Gobierno en la Rioja decretó la expulsión y el impedimento de ingreso al país en cinco años. PUEDES VER: López Obrador anuncia subasta de terrenos en Los Pinos para financiar a municipios pobres El sentenciado, que llevaba más de 10 años residiendo en el país y es padre de tres niñas menores, acudió a la justicia y alegó que no lo podían expulsar debido a que las leyes contemplan esa sanción por "motivos imperiosos de seguridad pública". Sin embargo, ya había un antecendente de violencia de género, pues en 2014 recibió una pena de nueve meses de prisión y dos años de alejamiento de su víctima por ocasionarle lesiones. En 2016, le impusieron una multa de 30 días por el mismo delito y en 2017, 52 días de trabajo comunitario al cometer maltrato familiar, injurias y vejaciones. PUEDES VER: López Obrador figura entre los cinco presidentes con mayor aprobación en el mundo El Tribunal Supremo de España sostiene que la instancia Superior de Justicia de La Rioja valoró la situación personal del hombre, además de la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito. Además, la justicia española admite que "la reiteración en el tiempo" de delitos contra "un bien especialmente protegido, como es la integridad física de la mujer" aplica como seguridad pública y pueden derivar en la expulsión y restricción del principio de libre tránsito de personas. Estas leyes se basan en el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, ratificado por España, además de la resolución del Parlamento Europeo sobre lucha contra el acoso y abusos sexuales en la Unión Europea.